Llega a juicio la concesion denunciada por Berta Caceres, ambientalista hondureña asesinada en 2016

Exfuncionarios del Estado hondureño enfrentan hoy el juicio conocido como "Fraude Sobre el Gualcarque", relacionado con el otorgamiento de una concesión hidroeléctrica, investigación que la ambientalista Berta Cáceres denunció poco antes de su asesinato, el 2 de marzo de 2016.
"Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, en particular a las misiones diplomáticas en Honduras a que observen atentas y den seguimiento al juicio dado su transcendencia en la jurisprudencia en materia de derechos humanos, derechos de pueblos indígenas y en la lucha contra la corrupción", convocó la Misión de Observación Calificada Causa Berta Cáceres, por medio de Twitter.
El juicio busca la rendición de cuentas de los implicados en la red de corrupción que permitió concesiones fraudulentas del Río Gaulcarque para la construcción de la hidroeléctrica, las cuales siguen vigentes en los territorios de la comunidad indígena Lenca, indicó la Misión Calificada.
Las concesiones investigadas vulneran los derechos del pueblo Lenca a la tierra y al agua, denuncia vinculada con el asesinato de Cáceres, Premio Goldman Internacional a los defensores del medio ambiente un año antes de su asesinato, denunció el colectivo de derechos humanos.
"Este juicio también es emblemático porque es la primera vez en el país en el que comunidades indígenas, las víctimas directas de los hechos delictivos, pueden constituirse como parte en un proceso de corrupción por la afectación de sus derechos humanos", indicó el mismo comunicado citado por la agencia de noticias Sputnik.
La acusación es impulsada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) contra seis personas por los delitos de fraude, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos en la concesión del Proyecto Agua Zarca.
Entre los acusados figuran exfuncionarios y el exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo, condenado el 20 de junio a 22 años y medio de prisión como coautor del asesinato de Berta Cáceres.
Dicha Misión es una "agrupación de organizaciones internacionales y nacionales" y expertos en derechos humanos, internacional y nacional conformada en septiembre de 2018 para observar el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres, fundadora y líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y defensora de derechos humanos, del territorio y del ambiente.
Desde entonces la Misión participó como observadora en los dos juicios realizados contra los implicados en el asesinato de Cáceres, según informa la misma organización en su página web.
Cáceres, ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada tras pasar años recibiendo amenazas de muerte por su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, una infraestructura que, de construirse, destruiría bosques nativos y territorios indígenas. (Télam)