La oposición, los negociadores del acuerdo de paz de 2016 y los últimos diálogos de paz, así como movimientos de derechos humanos, ambientales, campesinos e indígenas de Colombia se unieron para pedir el próximo viernes en todo el país el fin de los asesinatos políticos que ponen en peligro la reconciliación nacional.

Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas por la paz y contra la guerra (Redepaz), una de las organizaciones que forman la plataforma Defendamos la Paz, explicó a Télam que la convocatoria a marchar nació hace un mes, cuando la líder social María del Pilar Hurtado fue asesinada en el norte del país.

La imagen del cuerpo de Hurtado tirado en una empobrecida calle de tierra de la localidad de Tierralta junto a uno de sus cuatro hijos que llora y patea las piedras de bronca e impotencia conmovió a una parte importante del país y desnudó la crisis humanitaria que venían denunciando muchos de los involucrados en el proceso de paz.

Redepaz había alertado que Tierralta está controlada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un grupo paramilitar vinculado al narcotráfico y más conocido como el Clan del Golfo.

Le había pedido al gobierno del presidente Iván Duque que garantice la seguridad de los líderes sociales como Hurtado, que intentan cumplir con la sustitución de cultivos ilegales, la restitución de tierras a víctimas del conflicto y la reinserción de los ex guerrilleros en los territorios, todos compromisos asumidos en el acuerdo de paz.

"Hay muchos temas que debemos discutir sobre el cumplimiento del acuerdo de paz, pero este viernes nos queremos concentrar en exigir un freno a los asesinatos de lideres sociales y ex combatientes de las FARC; si no podemos siquiera respetar la vida humana, no podemos avanzar hacia la paz", explicó Sanabria.

No es la primera marcha que se realiza con esta consigna, pero sí la primera que reúne a todo el espectro de la oposición y la sociedad civil, más allá de sus diferentes posturas políticas.

Desde que dos hombres que aún no fueron identificados mataron a Hurtado en Tierralta, otros 10 líderes sociales fueron asesinados en el país.

Según Sanabria, los líderes sociales asesinados son más de 800 desde principios de 2016, una cifra mucho más elevada que la última que informó la Defensoría del Pueblo -462- y que incluye solo los casos confirmados por la oficina de la U en el país hasta febrero pasado.

Además, al menos 135 ex guerrilleros de las FARC que entregaron las armas y cumplían con el acuerdo de paz fueron asesinados.

A diferencia de lo que sucedió en los años 80 y 90 cuando una primera generación de grupos paramilitares exterminaron en las grandes ciudades al partido político surgido de un acuerdo de paz con un sector de las FARC, esta vez los ataques están dirigidos a líderes locales, en general pobres, sin proyección nacional, que trabajan en territorios rurales y alejados.

"Se concentran en las zonas donde se está dando la disputa por las tierras y por la sustitución de los cultivos ilegales", explicó a Télam Liliana Uribe, abogada y coordinadora de una serie de informes sobre ejecuciones extrajudiciales, abusos y crímenes vinculados a los paramilitares que fue entregada el mes pasado a los tribunales de la Jurisidicción Especial para la Paz.

Hace unas semanas, la presión social obligó a Duque a reconocer que existe un problema y aseguró que "pretender dar una protección individual, con un esquema de seguridad para cada líder social, es difícil".

Duque entonces lanzó un nuevo plan para garantizar la seguridad de los líderes sociales en todo el país, que no parece haber dejado contento a sus detractores ni parece haber mejorado la situación en el interior del país.

Para Liliana Uribe, la propuesta del presidente no solo ignoró el plan de acción planteado en el acuerdo de paz y no implementado hasta ahora, sino que se basa en una política que ya fracasó: la militarización.

"Estos territorios en donde están asesinando líderes sociales y ex combatientes de las FARC ya están militarizados", destacó la abogada y advirtió que en algunas zonas hay indicios de una "posible connivencia" entre las fuerzas de seguridad, las fiscalías y los grupos ilegales.

(Télam)