El Gobierno de Ecuador calificó en las últimas horas de "falso" el informe presentado por una comisión parlamentaria, que denunció formalmente al presidente Guillermo Lasso por tener “vinculación directa” con paraísos fiscales, tal como señalan los Pandora Papers, e incumplir así el “mandato popular” que prohíbe a los funcionarios tener cuentas off shore.

"El Gobierno Nacional rechaza el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (parlamento) que, en contra de la razón y del Derecho, ha sugerido que el Presidente de la República no observó la ley al inscribir su candidatura", sostuvo el Ejecutivo en un comunicado.

"La comisión ha irrespetado el debido proceso y su actuación carece de validez jurídico", añadió el texto.

La nota hace un llamado a la Asamblea Nacional para que "cumpla su papel, apegada a la Constitución y en defensa de la democracia, rechazando semejante injurídica e inmotivada opinión, que viola no solo toda regla de derecho, sino toda lógica y hasta del idioma".

"Sus conclusiones no solo son patentemente falsas sino que inclusive carecen de ilación lógica alguna con los antecedentes planteados, que no pasan de ser meras especulaciones desconectadas totalmente de los hechos del caso", apuntó el comunicado

Una comisión aprobó anoche un informe no vinculante en el que recomendó a la Asamblea Nacional que "verifique la inobservancia" por parte de Lasso de las normas que prohíben a candidatos y funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales.

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Ante ese incumplimiento, el Congreso -dominado por partidos de oposición- debería aplicar un artículo constitucional que le faculta a destituirlo "por grave crisis política y conmoción interna", según la opinión de esa comisión.

El Parlamento ecuatoriano, con 137 escaños y en el que el oficialismo tiene doce, requiere el voto de dos terceras partes para destituir al mandatario.

La comisión fue encargada por el Legislativo para indagar sobre los Pandora Papers, que reveló que varios líderes y personalidades de todo el mundo, entre ellos Lasso, ocultaron activos en paraísos fiscales.

El mandatario conservador, en el poder desde mayo, controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el exgobernante Rafael Correa (2007-2017) aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales, según la investigación periodística internacional.

"Ni al inscribir mi candidatura presidencial, ni desde entonces hasta hoy, he estado incurso en la prohibición referida", dijo Lasso en una carta dirigida hace dos semanas a la comisión, ante la cual se negó a presentarse en un par de ocasiones y avisó su disposición a recibirla en la sede del gobierno.

El gobernante, un exbanquero de 65 años, reconoce que tuvo "inversiones legítimas en otros países", de las que se deshizo para ser candidato. (Télam)