El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, celebró hoy que el Congreso, controlado por la oposición, haya sancionado ayer un proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por parte de militares y policías, una iniciativa que “necesitaba” la fuerza pública y el pueblo “requería”, según el mandatario.

"Necesitábamos esa ley. Nuestra fuerza pública la necesitaba. Nuestros ciudadanos la requerían urgente. Ahora sí y más que nunca Unidos Contra Los Violentos", destacó Lasso en su cuenta de la red Twitter y desde Los Ángeles, donde participa de la Cumbre de las Américas.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aprobó anoche, por 104 votos, el proyecto de ley que regula el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte de militares, policías y guardias penitenciarios, apoyado con reservas por algunas bancadas opositoras y cuestionado por la poderosa Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas (Conaiue).

El legislativo, en el que el oficialismo apenas controla 13 de las 137 bancas, dictó reglas para aplicar la fuerza según niveles de amenaza, resistencia o agresión y cuando otros medios no violentos resulten ineficaces o no garanticen mantener el orden.

También prohíbe el uso indebido de la fuerza, con miras a evitar excesos, ilegalidades y arbitrariedades, así como la tortura.

El documento ve la luz cuando el país enfrenta un aumento de la violencia y criminalidad a causa, centralmente, del narcotráfico.

Ecuador cerró 2021 con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020.

La AN estableció para militares, policías y agentes penitenciarios derechos a la defensa institucional y de la Defensoría Pública cuando se vean involucrados en casos de uso de la fuerza en cumplimiento del deber, y a negarse a obedecer órdenes que atenten contra las garantías.

Falta que Lasso disponga la publicación del proyecto en el Diario Oficial para que se convierta en ley, lo que, por el tuit del mandatario, ocurrirá pronto.

Los militares estarán autorizados a intervenir en operaciones para mantener el orden y la seguridad ciudadana en caso de existir la declaratoria de un estado de excepción, según el proyecto aprobado por el Parlamento.

Lasso declaró el 30 de abril un estado de excepción por 60 días en las tres provincias más golpeadas por el narcotráfico y la criminalidad, que dejan más de 1.200 muertos a nivel nacional.

La Conaie expresó hoy su rechazo al texto votado por lo que establece para las protestas sociales, un punto sobre el que también advirtió algunos reparos la bancada de la correista Unes.

"Rechazamos que la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza se haya aprobado con los artículos 23, 24 y 25 que hacen referencia al uso de la fuerza en manifestaciones o protestas sociales", dijo la Conaie en un comunicado.

El artículo 23 dice que está prohibida la dispersión como mecanismo de gestión, pero señala que en casos excepcionales esta técnica sí puede ser autorizada por autoridad competente con el objetivo de evitar una amenaza o peligro grave para la vida o la integridad física de las personas.

El 24 establece los estándares mínimos en contextos de protesta social, por ejemplo, define el derecho a la reunión, el rol del Estado en las manifestaciones, cómo debe usarse la tecnología por parte de las fuerzas del orden y el funcionamiento de la vigilancia ciudadana en estos contextos.

Y el 25 se refiere al uso excepcional de la fuerza y establece criterios bajo los cuales se puede aplicar.

Según el movimiento indígena, su preocupación se basa en que la ley pueda promover la represión a organizaciones opositoras en su legítimo derecho a la protesta social, que atente contra los derechos humanos de inocentes o que convierta a la Policía en equipos de exterminio contra la disidencia política.

La organización cuestionó además que la Ley haya sido aprobada con el voto de varios legisladores del movimiento Pachakutik, su brazo político, aunque varios legisladores se abstuvieron.

A la vez, la bancada del movimiento del expresidente, la Unión por la Esperanza (Unes), dijo en un comunicado que buscó modificar los artículos ambiguos sobre la protesta social.

Unes alertó que esas normas no pueden ser un instrumento contra los luchadores populares que seguirán enfrentado las políticas neoliberales, por lo que, avisó, mantendrá “una actitud vigilante”.

“Una ley no basta para enfrentar la inseguridad! Votamos a favor de este proyecto para evitar que se convierta en una excusa para la incompetencia del Gobierno de Lasso. Los índices de inseguridad son responsabilidad directa de este Gobierno”, señaló el bloque correista. (Télam)