El Gobierno de Ecuador anunció hoy un plan para atender la tremenda crisis del sistema carcelario, al que presentó como un “Acuerdo Nacional” y que consta de siete puntos, entre ellos un “proceso de pacificación a través del diálogo, con apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales”, una nueva Ley de Seguridad Ciudadana e indultos a presos con enfermedades.

En la sede de la Gobernación de Guayas, donde está la Penitenciaría del Litoral en la que ocurrieron dos masacres de reos en menos de dos meses, Lasso presentó el “Acuerdo Nacional para afrontar la crisis carcelaria”, junto a parte del gabinete, los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y a autoridades de otros poderes.

Tras una reunión de cuatro horas, Lasso enfrentó a la prensa –sin aceptar preguntas- y reconoció la coincidencia en que “Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico”, que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad.

“Es indispensable enfrentar unidos este problema de carácter global (…) como una de las más grandes crisis de las últimas décadas”, afirmó.

Lo escoltaban el vicepresidente Alfredo Borrero; la presidenta de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Guadalupe Llori; la titular del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado; la fiscal general Diana Salazar; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y la responsable del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida.

El programa de siete “acciones” que anunció el mandatario se inicia con un “proceso de pacificación a través del diálogo, con apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales” la decisión de que el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría elaboraren “un proyecto de ley de Seguridad Ciudadana”.

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También se dispuso que “se mantendrá la coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas para mantener el orden dentro y fuera de los centros penitenciarios de manera indefinida” y se adelantó que el Consejo de Participación Ciudadana creará “mesas de diálogo ciudadanas, para acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por la crisis carcelaria”.

Además, el Ejecutivo indultará a los “presos con enfermedades catastróficas” y la Fiscalía se comprometió a “acelerar los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos”, reportó el sitio Primicias.

Por la mañana se había conocido la decisión de Lasso de designar nuevos jefes de las Fuerzas Armadas tras el enfrentamiento entre bandas del fin de semana, que dejó 68 presos muertos y 28 heridos en la cárcel del Litoral, en Guayaquil, la segunda gran masacre en esa prisión en menos de dos meses.

Las designaciones incluyen a Orlando Fuel como jefe del Comando Conjunto y a Luis Burbano como comandante General de la Fuerza Terrestre, según informó el periódico El Comercio.

El mandatario aceptó además la renuncia del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai), Bolívar Garzón, que estuvo apenas 47 días en el cargo.

Sobre la masacre del fin de semana –de la noche del viernes a la madrugada del sábado-, la Secretaría de Comunicación ecuatoriana informó que 34 de las 68 víctimas ya fueron identificadas y que el Gobierno despliega una serie de acciones articuladas "para atender y brindar el acompañamiento necesario a los familiares". Criminalística trabaja en la identificación del resto de fallecidos.

Desde ayer, el Ejército desplegó 3.000 soldados en las afueras del penal de Guayas, la cárcel más importante de Guayaquil, en apoyo de la policía para controlar la situación.

Se repitió, además, la presencia de decenas de personas que buscan en el lugar, y en la morgue policial, información sobre sus familiares presos.

La cárcel Guayas 1, con 8.500 internos y una superpoblación del 60%, fue escenario ya el 28 y 29 de septiembre de una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica, con 119 reclusos fallecidos.

Desde entonces, la violencia no frenó en este penal debido a una guerra entre reos miembros de bandas con nexos con cárteles internacionales del narcotráfico, que se disputan el poder y liderazgo dentro y fuera de las prisiones, con un saldo hasta ahora de más de 200 muertos.

A raíz de la matanza de septiembre, el Gobierno declaró un estado de emergencia de 60 días en el que los militares se movilizaron para respaldar a la policía en el control del sistema penitenciario, una medida que concluirá a fines de este mes.

El operativo de hoy, dentro y fuera del penal, fue encabezado directamente por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y la comandante general de la Policía, Tannya Varela.

Al margen de la cuestión carcelaria, Lasso enfrenta protestas de indígenas y trabajadores, originadas en los recientes aumentos de los precios de los combustibles, y una situación compleja en el Congreso, que lo acusa por los Pandora Papers. (Télam)