El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) desestimó hoy recursos interpuestos por nueve de altos funcionarios del gobierno de Venezuela y ratificó las sanciones que el bloque les impuso en 2018 por considerar que socavaron la democracia y el estado de derecho.

Entre aquellos a quienes se les confirmaron penalidades migratorias y económicas figuran la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el diputado y considerado número dos del chavismo, capitán Diosdado Cabello.

Rodríguez, Cabello y otras ocho personas solicitaron la anulación de las sanciones bajo el argumento de que el Consejo Europeo incumplió la obligación de motivación, violó el principio de buena administración y vulneró sus derechos de defensa y de una tutela judicial efectiva.

El tribunal con sede en Luxemburgo resolvió mantener en nueve de los 10 casos la prohibición de ingreso al territorio de la UE y el congelamiento de los activos que los sancionados tengan en esa jurisdicción, según el diario caraqueño El Universal y la agencia de noticias Europa Press.

Solo levantó el castigo al secretario general del Consejo Nacional Electoral (CNE), Xavier Moreno, por entender que el Consejo Europeo no demostró el motivo por el cual lo incluyó en la lista.

En cambio, ratificó las sanciones al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; al fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek Saab, y al jefe de gobierno del Distrito Capital, general Antonio Benavides.

También las confirmó para la expresidenta del CNE Tibisay Lucena, las exdirectoras de ese organismo Sandra Oblitas y Socorro Hernández, y la vicefiscal general, Katherine Harrington.

La medida fue adoptada mientras una misión de técnicos de la UE está en Caracas con el objeto de verificar si existen condiciones para enviar una misión de observación electoral a los comicios regionales de noviembre próximo.

Esos delegados se reunieron esta mañana con seis jueces del TSJ, incluido Moreno, tras haberlo hecho ayer con un grupo de alcaldes opositores y, en los días previos, con autoridades chavistas y otros dirigentes del oficialismo y la oposición.

Por primera vez desde que ejerce el gobierno, el presidente Nicolás Maduro invitó a la UE y a la ONU a que envíen observadores a un proceso electoral en Venezuela, en el contexto de negociaciones con la oposición destinadas a buscar una salida para la crisis institucional del país.

El principal reclamo del oficialismo es el levantamiento de las sanciones internacionales que restringen los ingresos de dinero al país, y el de la oposición es que haya elecciones libres.

Estados Unidos, Canadá y la UE dijeron semanas atrás, en una declaración conjunta, que están dispuestos a “revisar” las sanciones si observan condiciones para la realización de comicios transparentes. (Télam)