El agua de Chile, privatizada desde hace 40 años por la dictadura de Augusto Pinochet y blindada en la Constitución de 1980, será uno de los ejes de la convención constituyente que está en marcha y el debate no será sencillo porque "la derecha va a hacer todo lo posible por mantener la propiedad privada del agua y las presiones corporativos van a ser feroces", anticipo Rodrigo Mundaca, activista chileno por los derechos humanos ambientales.

Mundaca es vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) y fue galardonado en 2018 con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nüremberg.

El activista, que es ingeniero agrónomo, dijo a Télam que la cotización del agua de California en el mercado de futuros de Wall Street, a partir de diciembre pasado, "da cuenta de la presión internacional que existe sobre este bien natural común, por parte de la industria extractiva, fundamentalmente. Pero también a propósito de transformar al agua en un bien de capital, que genera plusvalía a sus tenedores".

Además, destacó que, desde la privatización del agua resuelta por Pinochet, Chile se convirtió en uno de los mercados "'más exitosos' en materia de comercialización, compra y arriendo de agua, con más de 123.000 transacciones de derecho de aprovechamiento de aguas".

Más cerca en el tiempo, "un informe del Banco Mundial de 2011, señaló que solo entre 2005 y 2008 se realizaron 20.000 transacciones de derechos aprovechamiento de aguas por un equivalente a 4,8 billones de dólares", agregó.

- Télam: ¿Qué ha significado no tener acceso al agua para la población de Chile?

- Rodrigo Mundaca: En Chile, la base de la desigualdad está edificada desde la privatización de los bienes naturales comunes, particularmente de la privatización de la tierra y el agua. Las principales fortunas del país, Matte, Angelini, el propio (presidente Sebastián) Piñera se edifican desde la privatización de la tierra, en 1974, cuando les entregan dos millones de hectáreas de asentamientos mapuches, y desde la privatización del agua, que enriquece a los capitales internacionales, pero sin duda más a los nacionales.

-T: ¿Y en estos tiempos de coronavirus?

- RM: Estamos atravesando una pandemia feroz y todos plantean que una de las medidas más eficientes para impedir el avance del Covid es el lavado frecuente de nuestras manos. ¿Cómo se lavan las manos más de un millón y medio de personas que tienen serios problemas para poder acceder al agua todos los días? Porque el agua se encuentra capturada por la megaminería química a cielo abierto, por el agronegocio, por la hidroeléctrica y las forestales. Hay un millón y medio de personas que hoy no tienen acceso al agua potable. Yo vivo en la región de Valparaíso, donde hay más de 300.000 personas que dependen de camiones aljibe para poder acceder al agua todos los días. Y en los sectores perirurales y rurales la entrega de agua es de 50 litros de agua por persona. La OMS en materia de acceso al agua y de volumen, habla de 150 litros diarios en una situación de normalidad. Pero en una situación de anormalidad ese volumen se duplica. O sea que se están entregando 50 litros por persona, en un escenario de pandemia y donde no se prioriza el derecho humano al agua.

Mundaca destacó entonces la necesidad de sacar la privatización del agua de la letra constitucional. Explicó que "en Chile el régimen jurídico de aguas se encuentra anidado en la Constitución política del '80" y sostuvo que muchos "sostienen que el agua está dentro de los cuatro temas que van a generar mayor controversia en la discusión de la nueva norma jurídica".

- T: ¿Que posibilidad hay de que en la discusión de la nueva Constitución se llegue a una solución asequible para todas las partes?

- RM: Está difícil porque las presiones corporativas que hay en torno del agua indican que este va a ser uno de los cuatro temas centrales de la disputa del proceso constituyente. Y, además, porque la oposición chilena no logró unirse y hay territorios donde los partidos opositores van en listas separadas. Así va a ser difícil copar los dos tercios del proceso constituyente para poder impulsar aquellas reformas que son sustanciales. Pero además la derecha va a poner también a sus constituyentes. Antonio Walker Prieto, que fue ministro de Agricultura hasta el 6 de enero, renunció para ser candidato. Él y su familia tenían un volumen de agua de 29.000 litros por segundo; eso equivale al suministro permanente y continuo de 14 millones de ciudadanos. Walker dice que le interesa el agua como bien común y para salvaguardar la vida de las comunidades, pero también para mantener la certeza jurídica de que la propiedad del agua no se va a tocar.

-T: Aparte del camino de la Constituyente, ¿están explorando otro camino?

-RM: El proceso constituyente es un punto de partida, no de llegada. Esto significa que si nos fuera bien y pudiéramos terminar con las leyes de amarre, recuperar los fondos de pensión, recuperar los derechos sociales a la educación, a la salud, a la vivienda, y también el derecho al agua, el proceso constituyente no concluye una vez formulada la norma. Después hay que hacerlo carne, hay que materializarlo en los territorios y en las comunidades. El debate está instalado, pero tenemos que construir musculatura política desde las comunidades y territorios para seguir ejerciendo presión para que la Constituyente no soslaye la importancia de hacer del agua un derecho humano.

(Télam)