El Gobierno de Bolivia decidió impulsar un juicio "en las instancias que correspondan" contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por su responsabilidad en la crisis política del país, informó hoy el ministro de Justicia, Iván Lima, mientras la CIDH le exigió a La Paz investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de facto.

"Ha habido un evidente y flagrante incumplimiento de las acciones pactadas entre Bolivia y la OEA, por parte de la OEA y Luis Almagro. Este es el escenario jurídico y la decisión del Gobierno nacional es llevar a juicio al señor Almagro en las instancias que correspondan", afirmó Lima a medios locales.

El informe señaló que el Ejecutivo activaría "un proceso internacional", aunque el ministro dijo que todavía estaba "evaluando los caminos jurídicos y probablemente no sean excluyentes y seguirlos todos de manera simultánea".

Según Lima, el informe preliminar de la OEA que denunció la existencia de irregularidades en los comicios presidenciales de octubre de 2019, y sobre el que se montaron algunos sectores para exigir la salida de Evo Morales de la presidencia, "no era parte de un convenio suscripto entre el Estado boliviano y ese organismo internacional".

Más tarde, Lima reveló que el Gobierno invitó a la comunidad internacional a que haga un análisis "estricto" de los juicios en marcha contra exautoridades de la gestión de Áñez.

"Hemos invitado a la comunidad internacional a que haga un escrutinio público estricto de este caso. El Gobierno, mi persona y el canciller hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que haga una visita al país", añadió, en declaraciones a la agencia de noticias Sputnik.

Además, anticipó que el Ejecutivo evaluará la responsabilidad penal de Áñez en la muerte de manifestantes durante la represión de noviembre de 2019,

"Queremos que nos explique por qué emitió el decreto y por qué sacó a las Fuerzas Armadas y a la policía a reprimir y finalmente que mueran bolivianos en el país. Ese juicio tiene que incorporar a ella necesariamente", subrayó.

Una eventual demanda contra Almagro seguiría a las presentadas en Bolivia contra exfuncionarios y exjefes militares y policiales del gobierno de facto.

Por estos hechos, la justicia ordenó ayer cuatro meses de prisión preventiva a Áñez mientras se sustancia el proceso, para comprobar si ordenó la represión contra manifestantes opositores adherentes a Morales.

La exmandataria fue reinvindicada anoche en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Trinidad y Potosí, donde manifestantes exigieron su libertad y la de los exministros detenidos.

"¡Libertad, libertad, libertad!" fue el grito en varias de las distintas capitales de departamento.

"Señor Presidente (Luis Arce) usted lamentablemente es un hombre enfermo; busque la paz en Dios, busque democracia; el país está pidiendo salud, vacunas y reactivación económica; no está pidiendo persecución ni pelea entre bolivianos", expresó durante la marcha el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que prometió nuevas medidas de protesta.

En La Paz, el lugar de concentración fue el atrio de la UMSA -la principal universidad pública del país- y la plaza del Bicentenario, donde centenares de personas con banderas bolivianas reeditaron las protestas de octubre de 2019, cuando se movilizaron contra la "paralización intencional y arbitraria (del TSE), sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)".

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió hoy a Bolivia que investigue, sancione y repare a quienes sufrieron violaciones de sus derechos después del golpe de Estado del 2019 y ratificó que los eventuales procesos a posibles responsables de esos hechos deben hacerse "con irrestricto apego a los estándares interamericanos relativos a las garantías judiciales".

En un comunicado publicado en su sitio de internet, la CIDH le reiteró a La Paz su "obligación de investigar, sancionar y garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familias por las violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis electoral e institucional del 2019".

Señaló el organismo que desde el inicio de la crisis política y social que siguió a los comicios presidenciales del 20 de octubre de 2019, la CIDH fue enfática en su llamado al Estado a "investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante los sucesos en el marco de la crisis, así como a garantizar la reparación de las víctimas".

Respecto a las detenciones de "involucrados en el golpe de Estado de 2019", la CIDH insistió en que los procesos judiciales "deben realizarse con irrestricto apego a los estándares interamericanos relativos a las garantías judiciales, protección judicial y acceso a la justicia, en el marco de un sistema de justicia independiente, imparcial y libre de interferencias de los otros órganos del Estado".

Como lo habían hecho ya EEUU, la ONU y la Unión Europea, Brasil expresó hoy su "preocupación" por la detención de Áñez, cuyo gobierno Brasilia consideró "constitucional". Destacó además que la gestión de facto "convocó y realizó elecciones libres y transfirió el poder pacíficamente al presidente Luis Arce", quien asumió en noviembre del año pasado. (Télam)