La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) declaró hoy ilegítimo el proceso electoral del próximo 7 de noviembre debido a que el Gobierno de Daniel Ortega "aniquiló" la posibilidad de que los comicios fueran "libres y transparentes", lo que sugiere "ilegitimidad y resultados fraudulentos”.

En una conferencia de prensa, el Consejo Político de la UNAB informó que no reconocen como legítimo ni legal el proceso electoral, por lo cual no reconocerá como legales los resultados.

La organización opositora también incluyó en su lista las leyes inconstitucionales, como la 1055 o “Traición a la patria, de Agentes Extranjeros, de Ciberdelitos y las distintas reformas a la Ley Electoral", consignó el diario local 100 Noticias.

Agregó que a partir de mayo y junio de este año, "la dictadura intensificó la represión y el estado de terror a través de sus fuerzas parapoliciales y su sistema judicial contra toda la población, pero principalmente contra liderazgos políticos, periodistas y profesionales sanitarios".

“Las principales caras de la oposición democrática, entre ellas las precandidaturas presidenciales que contaban con el mayor margen de preferencia y muchas de las candidaturas a diputaciones nacionales se encuentran también secuestradas y desaparecidas por la dictadura, en el exilio o en la clandestinidad”, denunció.

Para la UNAB, "Ortega Murillo aniquiló la posibilidad de que las elecciones fueran libres y transparentes", por lo cual anunciaron nuevas formas de lucha.

“Continuaremos trabajando por la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales, genuinamente interesadas en salir del orteguismo y conquistar la democracia. Continuaremos impulsando y organizando diversas formas de lucha y resistencia cívica en todo el territorio nacional”, concluyó.

Ariel Sotelo, representante del Sector Estudiantil y Juvenil en el Consejo Político de la UNAB, enumeró nueve razones para desconocer el proceso, entre ellas "los 100 mil nicaragüenses en el exilio y más de 140 presos políticos", así como "el incumplimiento del régimen a sus compromisos internacionales y recomendaciones hechas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su resolución del 20 de octubre del 2020".

Sotelo consideró que "el proceso electoral no cumple con los estándares internacionales aceptados en materia electoral”.

A esto sumaron la negativa del Ejecutivo de atender las demandas por condiciones electorales normales exigidas por la comunidad internacional en general y de forma particular por la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza y Estados Unidos.

También Amnistía Internacional cuestionó lo que calificó de "impune" candidatura de Ortega y su esposa, la influyente vicepresidenta Rosario Murillo, que acompañará a su marido en la fórmula del oficialismo para un cuarto mandato, según se confirmo ayer.

(Télam)