El líder del conservador Partido Popular (PP) y principal fuerza de la oposición en España, Pablo Casado, anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional por la ley de vivienda que pretende impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Vamos a llevarlo al Constitucional", afirmó Casado durante una entrevista en la cadena de televisión Telecinco en la que arremetió contra la medida acordada por los socios en el Ejecutivo español, el Partido Socialista Obrero (PSOE) y Unidas Podemos.

Ayer, el Gobierno español anunció un plan que pretende regular el precio del alquiler a los grandes tenedores e incluye medidas para las llamadas viviendas protegidas, impulsa el incremento en el parque público de casas para alquilar y busca imponer un recargo a las propiedades ociosas con una suba de hasta un 150% en el Impuesto a los Bienes Inmuebles (IBI).

El programa forma parte del acuerdo sellado entre los partidos que integran la coalición de Gobierno, el Socialista y Unidas Podemos, como paso previo a destrabar el proyecto de presupuesto.

En lo formal, el conjunto de medidas debe ser adoptado oficialmente mañana, en una reunión del Consejo de Ministros.

Aunque el Ejecutivo aún no detalló la naturaleza del mecanismo que aplicará para regular los alquileres ni el tipo de propietarios a los que apuntará, el diario El País adelantó ayer que la medida buscará caer sobre los propietarios de más de 10 viviendas, con base en unos índices de referencia instalados en 2020.

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La ley también ratifica la construcción de unas 20.000 viviendas sociales y la rehabilitación de barrios enteros, según el Ejecutivo, por un monto de 1.000 millones de euros.

Casado admitió que "el problema de la vivienda en España es muy grave" y que su partido viene diciendo "que hay que hacer algo", pero criticó una medida que, a su juicio, "envía un mensaje de inseguridad jurídica de que el Gobierno pueda intervenir en tu propiedad privada".

"Este intervencionismo es suicida, porque al final la gente lo que hará es no poner pisos en alquiler, y por lo tanto va a haber menos viviendas a las que acceder y van a subir los precios", argumentó el líder del PP, informó la agencia de noticias Sputnik.

Por ello, explicó que la intención de la formación que dirige es recurrir este proyecto legislativo, del que todavía no se conoce la letra chica, ante el Tribunal Constitucional.

También aseguró que, de ser aprobada, la ley "no se va a aplicar" en los ayuntamientos y regiones gobernados por el Partido Popular.

"Estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le da la gana con lo que es suyo", manifestó el dirigente conservador, que acusó a Sánchez de ser "rehén de sus socios radicales de Podemos".

En las regiones de Madrid, Andalucía y Murcia, donde el PP encabeza el Ejecutivo, sus respectivos líderes ya advirtieron que no aceptarán "medidas intervencionistas" por parte del Gobierno central.

Por otro lado, desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, avisó a los conservadores que no cumplir con la norma "va perjudicar a todos, a los pequeños propietarios e inquilinos".

"Espero que todas las comunidades autónomas, también las gobernadas por el PP, estén a favor de defender el interés general", sostuvo el ministro. (Télam)