La operacion Lava Jato, clave para el giro de Brasil a la extrema derecha, llego a su fin

El equipo de fiscales de Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, fue disuelto hoy tras casi siete años en los que se revelaron los mecanismos de financiación ilegal de la política y derivaron en un tsunami institucional y económico que consiguió destituir a Dilma Rousseff en 2016, detener e inhabilitar como candidato al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y alimentar la ola de ultraderecha que llevó a la presidencia en 2018 a Jair Bolsonaro.
La decisión se conoce justamente cuando el Supremo Tribunal Federal tiene que decidir la imparcialidad de los fiscales de Lava Jato y el exjuez de la causa, Sérgio Moro, en las condenas contra Lula. La revelación de chats entre el magistrado y los fiscales parece indicar que manipularon la investigación para perjudicar al exmandatario, un caso que el Partido de los Trabajadores (PT) calificó como 'lawfare'.
La disolución del equipo especial de Lava Jato había sido decidida en diciembre por el fiscal general designado por Bolsonaro, Augusto Aras, y fue ejecutada a partir de febrero, según un comunicado divulgado hoy por el Ministerio Público Federal de Curitiba, la capital del estado sureño de Paraná, fronterizo con Misiones.
En el texto, el Ministerio Público de Curitiba informó que sus integrantes pasarán a formar parte de un grupo contra el crimen organizado, que heredará casos de la ya extinta Lava Jato.
"El equipo especial de Paraná deja de existir", concluyó el comunicado.
Según el Ministerio Público, fueron recuperados 4.300 millones de reales (unos 805 millones de dólares) por acuerdos de lenidad (devolución por parte de las empresas) y dinero de corrupción, sobre todo por parte de las mayores constructoras del país, como Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, que confesaron sobrefacturaciones en contratos con Petrobras, luego de haber pagado sobornos a funcionarios y financiado ilegalmente campañas.
La operación judicial de Lava Jato condenó a 174 personas, entre ellos dos veces a Lula, a su exjefe de gabinete José Dirceu y al exministro de Economía Antonio Palocci, al exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral y al exdiputado Eduardo Cunha, quien abrió el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en 2016.
Todas las condenas siguen firmes, en principio, a pesar de la disolución del equipo investigador.
Pero en paralelo, los fiscales y el exjuez Moro están siendo investigados en una causa por parcialidad que tramita el Supremo Tribunal Federal ante un pedido de Lula para anular su causa.
Los partidos que más condenas y procesamientos tuvieron fueron el hoy oficialista Partido Progresista y el Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) del expresidente Michel Temer, aunque políticamente devastó la imagen del Partido de los Trabajadores (PT).
Lava Jato nació el 17 de marzo de 2014 con la investigación por lavado de dinero mediante un cambista de Curitiba que lavaba dinero en una estación de servicio en la zona hotelera sur de Brasilia y eso se expandió hasta una gigante red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras con la constructora Odebrecht como eje del pago de sobornos y sustento ilegal de la política.
Desde el principio, el juez Moro había anunciado que iba a formar una alianza con la prensa para divulgar la corrupción y en primer lugar tuvo como aliada a la revista Veja y a la poderosa TV Globo, que lo eligió hombre del año en marzo de 2015.
La fama de Moro le dio alas políticas y la presión mediática llevó a las cortes superiores a darle superpoderes y a garantizar pantalla de televisión casi 24 horas a la Policía Federal y a los fiscales comandados por Deltan Dallagnol. Mientras tanto, el Gobierno de Dilma Rousseff se derretía porque sus aliados parlamentarios eran investigados, procesados y presos.
Las manifestaciones organizadas por la Federación de Industrias del estado de San Pablo con el apoyo de los partidos de la oposición contra Rousseff tuvieron a la operación Lava Jato como principal argumento: limpiar el país de la corrupción.
Dos puntos clave de Lava Jato pusieron fin a la convivencia que regía desde el fin de la dictadura y la Constitución de 1988.
Primero, el entonces juez Moro impidió en 2016 la asunción de Lula como jefe de gabinete de Rousseff, le pinchó los teléfonos a los dos y luego filtró sus conversaciones privadas, y finalmente le allanó la casa al exmandatario en la causa en la que se le atribuye haber recibido como soborno un departamento en la ciudad de Guarujá.
Desde ese allanamiento y con Rousseff fuera del poder, Moro condenó a Lula y la sentencia fue ratificada en tiempo récord por el tribunal de apelaciones de Porto Alegre, integrado por el padrino de los dos hijos de Moro, el camarista Gebran Neto.
Y en ese momento apareció el segundo punto clave: por presión de las calles y los medios, el Supremo Tribunal Federal determinó por 6 a 5 votos que podía ir preso un condenado en dos instancias, contra lo que sostiene el texto constitucional.
La inhabilitación de Lula -que era el favorito para ganar las elecciones de 2018- generó una ola de denuncias de corrupción que se transformó en votos para el ultraderechista Bolsonaro, que con un discurso antisistema abrazó a Lava Jato.
"Sin la Lava Jato no me elegía", le dijo públicamente a Moro Bolsonaro cuando el magistrado dejó la toga y se pasó oficialmente a la política para ser su ministro de Justicia desde enero de 2019 hasta mayo de 2020.
Pero toda la construcción judicial y política de la operación Lava Jato comenzó a desmoronarse en 2019 cuando se conocieron conversaciones entre los fiscales y Moro en la aplicación Telegram, complotando contra Lula.
En esos chats, por ejemplo, hablaban de Lula con el apodo "Nine", en alusión a los nueve dedos del exmetalúrgico, quien perdió el meñique izquierdo durante una madrugada en una fábrica de San Pablo en los años sesenta.
El fiscal Dallagnol estaba afuera de Lava Jato desde el año pasado para evitar un proceso de destitución por abuso de poder mientras que Moro, tras pasar por la política bolsonarista, trabaja para una consultora jurídica estadounidense que entre sus clientes tiene a Odebrecht.
"Lula merece un juicio justo", dijo el juez del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes al conocerse oficialmente los diálogos, formalmente públicos desde el lunes pasado y que pueden convertir a Lula en lo que no fue en 2018, el candidato que enfrente a Bolsonaro en las próximas elecciones. (Télam)