La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, instó a Estados Unidos y a la Unión Europea a rever las sanciones impuestas a Venezuela porque son una "violación del derecho internacional" y exacerbaron las calamidades en el país.

"Subrayo que las sanciones multilaterales al petróleo, minería y otros son violación del derecho internacional (…) El propósito anunciado en la campaña de máxima presión para cambiar el Gobierno de Venezuela constituye intervención en asuntos internos", expresó Douhan durante la presentación de un informe preliminar, tras visitar Caracas.

"Las sanciones impuestas en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea han exacerbado las calamidades, el ingreso del Gobierno ha disminuido 99%, las remesas han disminuido por el bloqueo", afirmó, según la agencia de noticias Sputnik.

La funcionaria señaló que el endurecimiento de las sanciones que enfrenta el país desde el 2015 afectó la capacidad del Gobierno para proyectos sociales, dado que los activos congelados en bancos americanos, ingleses y portugueses ascienden a 6.000 millones de dólares.

Por otra parte, los impedimentos para la importación de alimentos causaron inseguridad alimentaria severa en 2,5 millones de personas, que sólo comen una vez por día menos cantidad y de menor calidad.

Douhan señaló, asimismo, que el desvío de activos de Citgo, la filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, impidió trasplantes a 53 niños venezolanos.

Durante su visita al país caribeño, la relatora de Naciones Unidas sostuvo encuentros con representantes del Gobierno, la oposición, sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos, y diversas instituciones del Estado.

Además de tener un efecto devastador en la población más vulnerable, Douhan reconoció que las medidas contra Venezuela también afectaron el salario de los venezolanos.

"A pesar de las revisiones el salario medio del sector público se estima entre 2 y 3 dólares al mes, que alcanza para menos del 2% de la cesta alimentaria básica. Las personas dependen del CLAP (Consejo Locales de Abastecimiento y Producción) y de subsidios", declaró.

A su juicio, esta situación incrementa el índice de migración y viola los derechos económicos.

En un comunicado previo, Douhan precisó que las medidas unilaterales sólo son legales si son autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, o se utilizan como contramedidas, o si no incumplen ninguna obligación de los Estados, y no violan los derechos humanos fundamentales.

En ese sentido pidió a los países que observar los principios y normas del derecho internacional, y recordó que las preocupaciones humanitarias deben tenerse siempre en cuenta en base al respeto mutuo, la solidaridad, la cooperación y el multilateralismo.

La relatora tiene previsto publicar un informe completo sobre su misión en septiembre de 2021. (Télam)