La Misión de Verificación de la ONU en Colombia reclamó hoy al Estado hacer “un mejor uso de los mecanismos” incluidos en el acuerdo de paz de 2016, ante el deterioro de la seguridad que de manera "desproporcionada" afecta a indígenas y afrocolombianos en algunas regiones del país, lo que constituye un "desafío considerable" para la implemenmtación de los entendimientos sobre el conflicto interno.

Los conceptos están contenidos en el informe de la Misión, que hoy hizo propio el Consejo de Seguridad de la ONU con un llamado de atención sobre los desafíos que complican la puesta en marcha de de los Acuerdos de Paz firmados hace casi 5 años con las FARC, informó la agencia AFP.

El jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, alertó de que a la luz "de las enormes amenazas" que enfrentan las regiones sometidas a una violencia "desproporcionada", el gobierno y las instituciones estatales deben hacer "mejor uso de los mecanismos" contenidos en el propio acuerdo.

Entre ellos, la protección de los combatientes que depusieron las armas, atento a que al menos 296 de ellos fueron asesinados por grupos ilegales y organizaciones criminales.

De hecho, hoy mismo el partido Comunes –la fuerza legal en que se convirtieron las FARC- denunciaron que tres excombatientes fueron asesinados en la última semana.

El crimen más reciente ocurrió esta mañana, cuando asesinaron a María Steffania Muñoz (Yuri Lopez), “firmante de la paz" en el departamento del Cauca, denunció en su cuenta de Twitter el exguerrillero y congresista Luis Albán.

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La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), en tanto, recibió información del asesinato de 43 defensores derechos humanos.

Aunque el acuerdo de paz redujo sensiblemente la violencia, disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -última guerrilla reconocida en Colombia- y bandas narco de origen paramilitar alimentan una nueva ola de violencia por sus disputas por el territorio, el tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión.

Además de pedir que se garantice un proceso electoral limpio y seguro para los comicios legislativos de mayo próximo, el enviado de la ONU pidió que el Gobierno y el Congreso destinen los recursos financieros para implementar el acuerdo.

Entre 2017 y 2020 solo se ha gastado el 65% del presupuesto consagrado al cumplimiento de los acuerdos, según la ONU.

El informe de la Misión advierte que al ritmo actual, "la implementación llevará 26 años y no los 15 originalmente planeados", reportó la agencia AFP.

En esa línea, la ONU instó al gobierno de Iván Duque a que no escatime esfuerzos para acelerar el acceso de antiguos guerrilleros a la tierra y la vivienda y que tanto estos como mujeres, indígenas y afrodescendientes, puedan participar en el proceso de toma de decisiones para garantizar igual acceso a las oportunidades de trabajo y medidas de protección.

En defensa del Ejecutivo, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reseñó que el gobierno desembolsó 118 millones de dólares que beneficiaron a 13.216 excombatientes, y 2 millones de esos se destinaron a la compra de tierras.

La ONU reivindicó además que el sistema de justicia transicional "sigue demostrando su papel fundamental", en particular la labor de la Comisión de la Verdad.

"Sus esfuerzos por tener en cuenta las voces de las víctimas y de todas las personas involucradas en el conflicto son un recordatorio de que contribuir genuinamente a la verdad" constituye un "imperativo moral en una sociedad que se esfuerza por superar décadas de conflicto", concluyó la Misión.

En este marco, el Gobierno solicitó al Consejo de Seguridad la ampliación por un año de la Misión de Verificación.

"Nuestro Gobierno aprecia la contribución de la Misión de Verificación en los esfuerzos de consolidación de la paz. Por eso, en nombre del presidente Duque, presentamos la solicitud de extender el mandato por un año adicional, a partir del 31 de octubre", dijo la vice Ramírez, según la agencia Sputnik.

(Télam)