Una de las novedades para la vida política y judicial de Colombia que estableció el acuerdo de paz con las FARC fue la creación de una Justicia transicional por fuera de la ordinaria, que estimulaba la búsqueda de la verdad con reducción de penas para quienes confesaran sus delitos, fueran exguerrilleros o militares y policías que habían cometido asesinatos.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) fue uno de los puntos del acuerdo que más rechazo causó en el Gobierno de Iván Duque y que, paradójicamente, terminó por favorecer la imagen oficial ante organismos internacionales, mientras los sectores identificados con las víctimas del conflicto no piensan lo mismo y se quejan de que hasta el presente sólo se sometieron a los nuevos tribunales los desmovilizados, mientras los represores recibían rápidos fallos de indulgencia.

Alberto Yepes, de la ONG Coordinadora de DDHH, comentó a Télam que el reciente apoyo de la Corte Penal Internacional (CPI) de Naciones Unidas al Gobierno colombiano se basó en el funcionamiento de la JEP, una de las áreas promovidas por el acuerdo.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, firmó un acuerdo con Duque el pasado 29 de octubre por el cual ese organismo cerró después de 17 años el examen que mantenía sobre el país, hecho que marcó para el mandatario un éxito en un terreno, el de la justicia y los derechos humanos, en el que siempre recibió más críticas que aplausos.

"El compromiso que suscribimos con la CPI es hoy referencia para la región, es vinculante y permanente, generando confianza en los colombianos y garantizando que no haya impunidad, evitando que los victimarios se burlen de sus víctimas", capitalizó de inmediato Duque en Twitter.

La mirada de la CPI estaba en cinco ítems: la promoción y expansión de grupos paramilitares, los desplazamientos forzados, los delitos sexuales en el conflicto, los llamados "falsos positivos" –jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate- y los compromisos en justicia que se establecieron en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC.

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"A pesar de intento de saboteo del Gobierno de Duque y, en general, del uribismo, contra el sistema de justicia transicional, dichas acciones fracasaron", resaltó el politólogo colombiano Ariel Ávila en el diario español El País.

"Los avances en la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, es importante y comenzarán a salir desde el próximo año. Se vendrán sentencias importantes de la JEP. Muchos contienen la respiración ante los pronunciamientos judiciales", anticipó.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el conflicto interno, entre 1958 y 2016, murieron más de 262.000 personas, unas 80.000 siguen desaparecidas, 8 millones desplazadas aún no pudieron regresar a sus hogares y al menos 37.000 fueron secuestradas.

Pese al relato histórico que defiende el Estado colombiano, las FARC no son sindicadas como responsables de la mayoría de los muertos ni de los secuestros.

La JEP confirmó, por ejemplo, más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales a manos de los militares durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), una cifra que triplica lo que el Estado había reconocido hasta ahora y hasta supera lo denunciado por organizaciones de víctimas.

El anuncio volvió a poner a la JEP en el centro del tironeo político colombiano: Uribe la acusó de "sesgada" y pidió una reforma de las cortes y el jefe de las Fuerzas Armadas advirtió sobre "víboras venenosas y perversas" que atacan a los militares, mientras que la oposición aplaudió a la corte especial y pidió una condena acorde y rápida.

En ese contexto, Pilar Castillo, abogada de la organización Minga y representante ante la JEP de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas destacó en charla con Télam el trato en principio preferencial que habían recibido los militares sobre los exguerrilleros.

"Uno de los principales incentivos de la JEP son los beneficios como la libertad transitoria, y estos se dieron de manera rápida y masiva a miembros de las fuerzas públicas, mientras algunos de los excombatientes de las FARC aun esperan", lamentó. (Télam)