(Por Marianela Mayer).- A más de un año del estallido social en Colombia, las víctimas de la represión estatal siguen esperando una respuesta judicial y política por los más de 80 muertos y miles de heridos que, según diversas organizaciones, dejó la ola de protestas iniciada en abril de 2021, mientras que la persecución y judicialización de los manifestantes que participaron de las movilizaciones se ha incrementado en el país de cara a las elecciones del próximo domingo.

"No hubo nada de justicia. Si no ha habido justicia para casos de vejámenes cometidos por la policía y el ejército en décadas anteriores, mucho menos con lo que pasó el año pasado. El proceso va apenas en pañales y no ha avanzado mayormente", dijo a Télam Julio César Hincapié Betancourth, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Las multitudinarias protestas, que empezaron el 28 de abril de 2021 contra un plan para subir impuestos en plena pandemia pero rápidamente se transformaron en un estallido social, pusieron durante meses en jaque al Gobierno del conservador Iván Duque, que respondió con una feroz represión, criticada por la comunidad internacional.

Aunque las cifras de víctimas reportadas por las autoridades, la ONU y diversas ONG varían, la base de datos más amplia es la del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que registró 83 asesinatos en el marco de las movilizaciones, de los cuales 44 fueron presuntamente adjudicados a la policía.

El organismo responsabilizó también a la fuerza pública de 1.661 víctimas de violencia física y 35 de violencia sexual, además de 2.053 detenciones arbitrarias.

Este "uso desproporcionado de la fuerza" fue asimismo denunciado en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país para reportar la conflictividad social y realizó una serie de recomendaciones al Estado colombiano, entre las que destacaban separar a la policía del Ministerio de Defensa y prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar el orden público.

Duque cuestionó en un principio el mandato de la comisión y afirmó que las protestas habían sido infiltradas por grupos armados financiados por el narcotráfico, pero la creciente presión internacional llevó a su Gobierno a reconocer en diciembre pasado la existencia de víctimas que "merecen justicia y reparación".

Sin embargo, aún no se iniciaron juicios contra los efectivos implicados y la reforma policial, plasmada en la Ley de Seguridad Ciudadana de enero pasado, fue considerada por los defensores de los derechos humanos como un "maquillaje" y una nueva mordaza a la manifestaciones.

"La reforma policial no fue de fondo como lo planteaba la CIDH ni como lo soñábamos muchos, sino que fue más de maquillaje", consideró Hincápie Betancourth y agregó: "La Policía tiene que estar en manos de los civiles, no de los militares, sino vemos a cada rato todos estos protocolos de enemigos internos aplicados cada vez que hay una protesta".

El activista también lamentó la lentitud de la justicia con los agentes represores, que según denuncian familiares de las víctimas no fueron sancionados efectivamente como se esperaba y, en lugar de ello, fueron desplazados a otras delegaciones policiales locales o regionales.

Una situación que, a su juicio, se ve además afectada por el contexto electoral que dificulta la celeridad del proceso por "conveniencias políticas".

"Los policías actuaron bajo órdenes dadas. Entonces, si la justicia actuara y estos policías hablaran, serían muchas las cabezas del alto Gobierno que caerían", estimó.

Recién a principios de abril pasado la Fiscalía, que solo reconoce 29 homicidios durante las protestas -diez de ellos atribuidos a policías y nueve a civiles-, anunció que llamará a juicio a dos oficiales, algo que no se prevé para antes de junio.

Estos tiempos procesales contrastan, en tanto, con los aplicados a los manifestantes.

Para el primer aniversario del estallido, la institución informó que existen 21 casos activos con 107 imputados contra personas que participaron en la primera línea de las protestas, de los cuales seis ya están en fase de juicio y uno en ejecución de penas.

"Se sigue aplicando esa visión del enemigo interno en Colombia, cuando ya no hay un conflicto de las proporciones que había en los años 90, cuando existían la insurgencias", denunció el integrante del Movice.

Según explicó el activista, antes de firmar el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, la guerrilla era acusada en épocas electorales de querer boicotear el proceso democrático, algo que hoy en día consideró fue trasladado en gran parte a los manifestantes.

"Hoy el enemigo además de las disidencias y del (insurgente) Ejército de Liberación Nacional, son los chicos de la primera línea (de protestas)", sentenció.

En las últimas semanas, en los medios colombianos se multiplicaron las noticias sobre allanamientos y detenciones de estos manifestantes de cara al proceso electoral, lo que para Hincápie Betancourth revela una "estrategia de intimidación del miedo" del actual Gobierno para perpetuarse en el poder.

De hecho, el candidato del oficialismo, Federico Gutiérrez, acusó la semana pasada a estos jóvenes manifestantes de aliarse con el aspirante del Pacto Histórico, el progresista Gustavo Petro, para "hostigar y dañar" su campaña.

"Ante el posible cambio de hoja política que señalan las encuestas en Colombia, ha venido jugándose estas semanas el hecho de enrarecer el ambiente de tranquilidad y entusiasmo que se viene viviendo", señaló el activista.

Mientras crece la estigmatización y persecución de los manifestantes, las víctimas continúan esperando una reparación del Estado colombiano.

Esta tarea, que para Hincapié Betancourth es una "asignatura pendiente", recaerá en el futuro Gobierno que saldrá electo en las próximas elecciones del 29 de mayo.

"Esperamos que haya un cambio de hoja. Si es posible un gobierno que aplique la justicia como se debe aplicar y que lógicamente se hagan las reformas necesarias, como la que estamos pidiendo hace tiempo a la policía y a la forma cómo se aplica la justicia", indicó.

Según el integrante del Movice, las victimas no quieren un nuevo gobierno que cope el espacio judicial, sino que desean una justicia real, que deje de ser proclive a la política y opere hacia las víctimas y no hacia los victimarios.

"Necesitamos que haya justicia para avanzar realmente en los procesos de paz. Para que la paz total, que es lo que estamos soñando, llegue por fin a Colombia", concluyó. (Télam)