La Alta Corte de Londres declaró hoy ilegales las condiciones en las que el Gobierno de Boris Johnson aloja a solicitantes de asilo en un antiguo campamento del Ejército en el sureste de Inglaterra.

Seis personas que piden ser reconocidas como refugiados, emprendieron acciones legales contra el Gobierno británico por haber sido alojadas en antiguas barracas del Ejército bajo condiciones de vida que definieron como "sórdidas".

Sus abogados detallaron que los solicitantes de asilo viven en medio de brotes importantes de coronavirus que ya alcanzaron al menos 200 personas, que sufren violaciones a los derechos humanos y tratos que consideraron equivalentes a una detención encubierta, detalló la agencia de noticias AFP.

Aunque las denuncias hayan sido avaladas por el juez Thomas Linden, quien solicitó "mejoras sustanciales en las condiciones y períodos significativamente más cortos en los que solicitantes de asilo vivan allí", el fallo no fue más lejos como pidieron los denunciantes y no se refirió a la continuidad del centro de alojamiento.

El Gobierno, que ya había intentado un plan para enviar a los solicitantes de asilo a más 6.000 kilómetros del Reino Unido, dijo que "estudiará detenidamente la sentencia", pero adelantó que tiene la intención de seguir utilizando las barracas, según informó a la prensa el vocero del Ministerio del Interior.

Los seis demandantes y el Gobierno británico deben ahora acordar una compensación económica. 

Esta tensión entre Ejecutivo y Judicial se da luego que el premier Boris Johnson lanzara un plan para endurecer su sistema de asilo con la intención declarada de desalentar la inmigración clandestina.

Según la posición de Londres, los solicitantes de asilo son tratados de manera diferente según hayan llegado al país de forma legal o ilegal, algo que limita mucho a aquellos que escapan de guerras, persecución política y religiosa en contextos de mucha vulnerabilidad.

Pero Reino Unido no es el único que está endureciendo su política hacia futuros refugiados.

Dinamarca aprobó hoy un proyecto de ley oficialista para enviar a los solicitantes de asilo a un país fuera de Europa mientras se define su status.

(Télam)