La justicia australiana rechazó hoy una apelación presentada por la defensa de Adriana Rivas, una exagente de la DINA, la policía secreta de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, acusada del secuestro agravado de siete personas, quien quedó ahora al borde de la extradición.

Al leer el fallo en una audiencia virtual, el juez Stuart Anderson dijo que el tribunal rechazaba la apelación de la mujer de 68 años que permanece detenida en Sydney desde febrero de 2019 por los siete cargos de secuestro agravado por los que es requerida en Chile.

El pasado 18 de noviembre tres jueces federales habían abordado la apelación presentada por la defensa de Rivas contra un fallo pronunciado el 29 de octubre de 2020 por un tribunal local y ratificado el pasado 24 de junio por el Tribunal Federal Australiano a favor de la extradición de la exespía.

Se presume que la chilena formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la DINA, donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta unidad.

A las afueras del Tribunal Federal de Sydney un centenar de activistas chilenos que portaban imágenes de las víctimas atribuidas a Rivas, celebraron con aplausos el fallo y leyeron emocionados cada uno el nombre de las siete personas desaparecidas.

"Finalmente, después de más de dos años de que fuera detenida en Australia, y habiendo atrasado su remisión a Chile mediante una serie de dilaciones artificiales por parte de su defensa, el pleno de la Corte Federal ha confirmado hoy la extradición de Rivas", dijo en un comunicado la abogada de las siete víctimas, Adriana Navarro.

Click to enlarge
A fallback.

Rivas aún puede recurrir al Tribunal Superior de Australia, pero para poder hacerlo "tiene que tener una venia especial" de los jueces de la máxima instancia superior y convencerlos de que su apelación es "netamente legal y no procesal" y de "importancia nacional", explicó a los activistas la abogada Navarro a las afueras del tribunal.

Chile pidió en 2018 a Australia la extradición de Rivas, quien defiende su inocencia y considera que es víctima de una persecución política, por su presunta participación en el "secuestro agravado" de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista, en 1976, y otros seis activistas, entre ellos una mujer embarazada.

Rivas viajó en 1978 con su entonces marido a Australia, donde residió después en una vivienda subvencionada en el barrio de Bondi, en el este de Sydney, y se dedicó durante 30 años a labores de limpieza y cuidado de niños.

En 2006 viajó a Chile, donde fue detenida por los casos vinculados a su extradición, aunque después logró escapar y volver tres años más tarde a Australia.

Durante todo el proceso, el abogado defensor de Rivas, Frank Santisi, buscó escudar a su clienta con la ley chilena de Amnistía, aprobada el 18 de abril de 1978, que protege a los autores, cómplices o encubridores de delitos perpetrados durante la dictadura de Pinochet desde el 11 de septiembre de 1973 -día del golpe- hasta el 10 de marzo de 1978.

Santisi argumentó que ese decreto sigue teniendo vigencia, aunque, según la versión del abogado, en los últimos años muchos jueces chilenos ignoran esta legislación.

Según alegó, con el pedido de extradición Chile estaría "invitando" a Australia a violar la Constitución chilena. (Télam)