La Guerra del Agua es un hito en contra de los excesos de las privatizaciones del neoliberalismo de fin del siglo XX en toda Latinoamérica y también una bisagra en la historia contemporánea de Bolivia, donde las protestas le torcieron el brazo al exdictador Hugo Banzer y a las empresas transnacionales, a la vez que consolidaron a una dirigencia indígena antisistema que un lustro más tarde llegó a la Presidencia del país con Evo Morales.

Las protestas comenzaron en enero de 2000, un mes antes de la privatización del abastecimiento del agua potable municipal en Cochabamba, y alcanzaron tal magnitud que fueron llevadas al cine en formato documental en la película canadiense "La Corporación" (2003) y en ficción, en la película española "También la lluvia" (2010), una coproducción boliviana, española y francesa protagonizada por Luis Tosar y Gael García Bernal.

En febrero de 2000, con el auspicio del Banco Mundial, una de las tres patas del Consenso de Washington, la multinacional estadounidense Bechtel firmó con el exdictador y por entonces presidente constitucional de Bolivia un contrato para privatizar el suministro de agua a Cochabamba.

El contrato por el monopolio de los recursos hídricos fue adjudicado al consorcio Aguas del Tunari: Bechtel, con el 27,5%, el consorcio español Abengoca S.A., con el 25% y el resto se repartía entre Edison, Petrópolis S.A., A. Petricevich y Soboce S.A.

De inmediato, el consorcio incrementó las tarifas del agua potable en un 350% promedio y su principal ejecutivo Geroffrey Thorpe advirtió que si la gente no pagaba se le iba "a cortar el servicio".

Para dar un marco legal a la privatización, el Gobierno hizo aprobar la ley 2029, que verificó el contrato con Aguas del Tunari y le concedió el monopolio sobre todos los recursos hídricos. La interpretación de esa norma hizo que la privatización incluyera el agua usada por los campesinos para el riego, así como los recursos de la comunidad, que habían sido independientes antes de esa regulación.

La ley consideraba "permitir la venta de los recursos de agua" que nunca habían sido realmente parte del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa). Esto hizo pensar que los sistemas comunales independientes del agua, que todavía no estaban conectados con Semapa, serían expropiados por la nueva concesión.

Aguas de Tunari no solo podría haber instalado las conexiones necesarias para conectarse a los sistemas comunales independientes, sino que también habría podido cobrar a los residentes por la instalación de estas conexiones.

La ley indicaba además que la población requeriría una licencia para recoger el agua de lluvia, una política inaplicable. De allí el título de la película que se filmó en 2010, "También la lluvia", que giraba en torno a las presiones para expropiarle a una comunidad el uso de un pozo de agua de lluvia que había comprado.

El rechazo fue generalizado y sobrevino el estallido.

En el primer mes del nuevo siglo, ante el temor de que la anunciada privatización del recurso afectara las aguas de riego de los sectores campesinos, dirigentes de sectores sociales participaron de una reunión en la Prefectura (actual Gobernación), con el prefecto Hugo Galindo Saucedo; el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa; el arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, y el dirigente de la Coordinadora del Agua Oscar Olivera, con representantes del Gobierno local, entre otros, que terminó con la detención, en medio de la reunión, de los dirigentes sociales.

La protesta escaló al día siguiente cuando las organizaciones sociales montaron una guardia frente al lugar de detención y luego tomaron la plaza de armas. La respuesta oficial fue una represión policial que se desmadró al punto que el prefecto Galindo Saucedo renunció al cargo y el Gobierno designó al coronel Eduardo Wayar como comandante Departamental de Policía.

Esa misma noche fueron detenidos otros seis dirigentes, que fueron enviados a la población de Puerto Rico, en el departamento de Pando, por lo que al día siguiente los manifestantes bloquearon las calles de Cochabamba y cortaron las rutas de acceso a la ciudad.

Tras meses en este clima de tensión y enfrentamientos, el 8 de abril el presidente Banzer decretó el estado de excepción local, una suerte de estado de sitio.

Con la intención de frenar las protestas Banzer declaró la Ley Marcial y la represión policial y militar se salió de quicio. La policía boliviana mató al menos a una persona, Víctor Hugo Daza, de 17 años, y se contabilizaron 121 heridos y 172 manifestantes detenidos.

Mientras tanto, la economía boliviana, que había cedido sus principales resortes a empresas privadas, se desbarrancaba a medida que crecían las protestas en todo el país, ya no sólo en Cochabamba.

Desde el altiplano, el dirigente Felipe Quispe, El Mallku, fallecido reciéntemente, lideró las protestas que terminaron de poner en jaque al Gobierno de Banzer que, ya en septiembre, tras nueve meses ininterrumpidos de conflicto, retrocedió y anuló el contrato de privatización con Bechtel.

De inmediato la multinacional estadounidense inició un juicio contra el Estado de Bolivia en reclamo de 25 millones de dólares en concepto de indemnizaciones por daños. El argumento fue que el contrato sólo le permitía administrar el deteriorado sistema de aguas y que había sido el gobierno de Cochabamba el que impulsó el tarifazo.

La demanda tuvo un efecto boomerang porque convocó la atención de los movimientos anticapitalistas y anticorrupción, que fustigaron no sólo a la empresa sino al modelo de privatización llevado al extremo en Bolivia pero vigente también en Chile, Perú y la Argentina, entre otros países de la región que seguían los dictados del Consenso de Washigton.

Este plan estandarizado de rescate de las economías en crisis de la región, tutelado por el Banco Mundial, el FMI y el Departamento del Tesoro de EEUU, impuso fuertes ajustes y privatizaciones de las empresas públicas, inspiradas en el modelo privatizador de la premier británica Margaret Thatcher (1979-1990).

En enero de 2006, con Evo Morales recién instalado en el Palacio Quemado como primer presidente indígena de Bolivia, Bechtel y sus socios internacionales finalmente retiraron la demanda contra el Estado boliviano.

(Télam)