La cuestionada "guerra contra las drogas" emprendida por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, causó al menos 870 asesinatos, 71 de ellos mujeres y como mínimo 24 menores de edad, denunció hoy un informe de la Comisión de Derechos Humanos del país asíatico (CHR).

La organización, que analizó un total de 579 casos en el marco de esta operación, concluyó que los 451 casos de homicidios presuntamente vinculados a operaciones policiales sumaron 705 víctimas.

De este número, la Policía afirma que 466 personas iniciaron agresiones o se resistieron al arresto.

Además, la CHR precisó que solo un 11% de las víctimas sobrevivieron.

De estos, al menos 87 tenían heridas o lesiones, en su mayoría múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, generalmente la cabeza, el pecho, el tronco y el abdomen.

También se detectaron golpes, heridas y laceraciones en algunas de las víctimas.

Click to enlarge
A fallback.

En cuanto a las regiones, a pesar de que los asesinatos "se extienden por todas las administrativas", fueron la Región III y la IV-A las que más asesinatos vinculados a la campaña antidrogas del Gobierno notificaron.

La comisión denunció "obstáculos recurrentes para acceder a los registros policiales relacionados con los casos en cuestión", algo que afectó el alcance del análisis, refirió la agencia de noticias Europa Press.

Mas allá de los asesinatos, la CHR obtuvo 90 informes completos de los cuales 77 contenían resultados de investigaciones internas en las que se recomendaba que los agentes policiales involucrados en los incidentes fueran premiados, recompensados o reconocidos.

Algunos informes, además, confirman la legitimidad de las operaciones, mientras que en pocos se recomendaba que los agentes participantes fueran absueltos de responsabilidad penal o administrativa.

En este contexto, la comisión reafirmó su voluntad de "asociarse con el Gobierno para descubrir la verdad detrás de estos asesinatos y otras formas de violencia" vinculados con la campaña antidrogas impulsada por Duterte.

A la vez, el estudio incluye recomendaciones al Ejecutivo para impulsar la investigación de estas muertes de manera "rápida, efectiva y exhaustiva".

El Tribunal Penal Internacional (TPI) autorizó la apertura de una investigación en relación a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, en el marco de la llamada "guerra contra la droga".

Por su parte, la Policía cifró en casi 8.000 los muertos en esta ofensiva ideada por el polémico mandatario, al que organismos de derechos humanos y la oposición le cuestiona prácticas políticas dictatoriales y aberrantes desde que asumió el cargo. (Télam)