La eliminación en España del delito de sedición, propuesto por el Gobierno, que ayer pasó su primer trámite en un tenso debate de los diputados, profundizó las diferencias entre la izquierda del país, que la reivindica por adaptar la normativa española a la europea, y la derecha, que la impugna por considerarla "un regalo" a los independentistas catalanes, a cambio de su apoyo parlamentario.

Esta madrugada, los diputados aprobaron por una holgada mayoría de 187 votos a favor y 155 en contra y seis abstenciones reformar la ley en este punto, abriendo el periodo para hacer efectiva la supresión del delito, algo que debería suceder antes de fines de año, según las estimaciones de medios españoles. 

Durante el debate de anoche ya se anticipaba el tono áspero que adquiriría todo el trámite parlamentario, cuando el conservador Partido Popular (PP), la ultraderecha de Vox y la formación Ciudadanos acusaron al Gobierno de hacer una legislación "a la medida de los delincuentes" que protagonizaron el proceso independentista de Cataluña en 2017 -el procés-, con el solo objeto de asegurar su supervivencia política.

La portavoz y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó al Gobierno de "abrir las puertas de la cárcel a los delincuentes", "suplantar al poder judicial" que condenó a los promotores de la intentona independentista y provocar un "estropicio de dimensiones históricas"

Enfrente, el portavoz del independentista Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, señaló que la reforma permitirá suavizar algunos de los procesos todavía abiertos contra dirigentes independentistas y "le quita el juguete a los jueces fascistas".

Vox convocó una gran manifestación en Madrid y en otras provincias para este domingo, mientras el PP, primera formación de la oposición, hará mítines por todo el país en los próximas semanas para expresar su rechazo.

La derecha argumenta que la supresión del delito, por el que se condenó a penas de 9 a 13 años a la mayoría de los 12 dirigentes castigados por la intentona independentista catalana de 2017, posteriormente indultados, allanará el camino para que otra tentativa similar en el futuro quede sin castigar.

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez dice que los problemas para conseguir la extradición de los dirigentes catalanes que huyeron al extranjero tras "el procés", como el expresidente regional Carles Puigdemont, se debe a que las legislaciones europeas no contemplan ese delito, y propone sustituirlo por uno de "desórdenes públicos agravados".

Este delito "será como el que ya tienen las principales democracias europeas con las que nos queremos identificar", argumentó Sánchez.

"Los delitos que se cometieron en el año 2017 son delitos que continúan estando presentes en nuestro código penal" tras la reforma, aclaró Sánchez en una entrevista con la televisión LaSexta.

De hecho, el propio Puigdemont expresó su recelo ante este cambio, y dijo que los independentistas que lo celebran "no han aprendido nada de estos últimos cinco años".  

El nuevo delito contempla una pena máxima de cinco años de cárcel,frente a los 15 actuales.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, invitó a Sánchez a "aclarar si va a reformar el delito de sedición y si protegerá la democracia española o solo pretende sobrevivir", reprochándole implícitamente que esté pagando a los independentistas catalanes su apoyo en el Congreso. 

"El PP es claro: agravaremos las penas de sedición y rebelión, los tipificaremos de forma clara y será delito la convocatoria de un referendo ilegal", añadió Feijóo.

El PP consiguió que la votación de anoche se hiciera de viva voz, un procedimiento inusual en el que cada diputado tiene que dar su voto en voz alta, para que los socialistas más reacios a la medida quedaran retratados ante su electorado. 

El código penal español dice que son culpables de sedición quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes".

De modo más sucinto, la Real Academia de la Lengua española la define como un "alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión".

El delito se ha ido manteniendo a lo largo de las sucesivas reformas del código penal hasta la última, en 1995, pero sus detractores sostienen que pertenece al tiempo en que se sucedían en España los alzamientos militares, en el siglo XIX.

Su reemplazo por un delito de "desórdenes públicos graves" no acaba de tranquilizar a una parte de la izquierda que cree podría aplicarse a las manifestaciones.

"Nos preocupa" que el cambio "pudiera tener algún tipo de efecto en la limitación del derecho a la protesta pacífica", afirmó Pablo Echenique, portavoz del partido de izquierda radical Podemos, que forma parte de la coalición del gobierno y que impulsó la supresión de la sedición. (Télam)