Las elecciones chilenas del fin de semana pasado dejaron, entre otras sorpresas, la conformación de un robusto bloque de 48 convencionales inscriptos bajo la etiqueta de "independientes", y el interrogante acerca de quiénes son, qué iniciativas impulsarán, cuáles intentarán neutralizar y en qué temas se centrarán con miras a la futura "ley de leyes" del país.

Nos son preguntas de fácil respuesta en un proceso incipiente y cuyos efectos políticos se siguen desarrollando a toda velocidad en el país vecino, pero todo apunta a que en un marco de creciente descrédito de los partidos tradicionales, el peso específico del bloque en el debate constitucional será crucial.

Los comicios también definieron gobernadores, alcaldes, concejales y se tradujeron en una catarata de enroques y renuncias de cara a las candidaturas presidenciales, pero la definición del órgano colegiado paritario que escribirá la nueva Carta Magna es el que concentra el interés público porque allí se juegan a partir de ahora algunas de las bazas más importantes del futuro ajedrez político chileno.

La complejidad para prever el rumbo del bloque de 48 convencionales independientes se relaciona también con su heterogeneidad ya que la denominación "independiente" incluye a quienes se inscribieron bajo ese ítem, pero dentro de un pacto y al alero (no orgánico) de un partido político, algo común en la conformación de listas parlamentarias chilenas.

Ejemplo de lo anterior es que entre los "independientes" se cuentan también personas de manifiesta cercanía partidaria, como Marcela Cubillos, exministra de Educación y de Ambiente del presidente Sebastián Piñera, o el connotado abogado Fernando Atria, un independiente que logró su escaño con un cupo de la fuerza de izquierda Revolución Democrática (RD).

Aún así y pese a esta diversidad ideológica del bloque, los discursos de algunos de ellos, sus plataformas y campañas permiten inferir algunas posibles tendencias.

Dentro del bloque se destaca un "sub-bloque" mayoritario denominado la "Lista del pueblo", que con 27 convencionales asoma como protagonista en la inminente pulseada por la redacción de la nueva Carta Magna.

Su lista de representantes, compuesta principalmente por liderazgos surgidos al alero del estallido social y que no sintonizan con la política tradicional, logró imponerse a pesar del magro financiamiento que obtuvieron en comparación con sus contendores, como señala el Centro de Investigación Periodística chileno (Ciper).

Según su programa, la "Lista del Pueblo" propone "una visión ecologista del desarrollo económico y territorial que nos permite transitar a la superación del extractivismo, con una mirada de respeto hacia los seres vivos no humanos, teniendo como punto de inflexión el calentamiento global, que implica realizar los cambios profundos de cómo nos relacionamos con la madre tierra".

El escrutinio puso a la Lista del Pueblo como la tercera fuerza política con más representantes dentro de la Convención Constituyente, detrás del pacto del oficialismo "Vamos por Chile" (37) y "Apruebo Dignidad" (28) que nucleó comunistas (PC) y frenteamplistas (FA).

Uno de los fundadores de la "Lista del Pueblo", Rafael Montecinos, señaló esta semana que el grupo "nunca va a conversar con la derecha" porque la fuerza tendrá como interlocutores "las personas y no con los partidos".

Otra de las figuras prominentes de esta lista, Giovanna Grandón (conocida como "tía Pikachu") subrayó el rol fiscalizador que el colectivo tendrá sobre el comportamiento de los representantes de otros grupos de izquierda.

Sin embargo, más allá de eventuales fiscalizaciones, otra cuenta posible de realizar es que del total de 155 constituyentes electos al menos 77 provienen de colectivos que, con vínculos orgánicos o no, impulsan cambios radicales al sistema.

En otras palabras, menos de los dos tercios que se necesitan para aprobar los cambios en la nueva Constitución, pero mucha más del tercio necesario para vetar las modificaciones que no los convenzan.

Un posible análisis es proyectar un eventual polo de fuerza compuesto, además de por los 27 convencionales de la "Lista del pueblo", por 7 independientes de listas locales, a los que se sumarían 28 del pacto Apruebo Dignidad (FA y PC) y 15 de los pueblos originarios (cupo que en total otorgó 17 escaños).

Según indica Ciper, estos 77 responden a colectivos que impulsarán el fin del rol subsidiario del Estado a los sectores económicos concentrados y buscarán cambiar la economía extractivista, incorporar una mirada feminista y definir al país como plurinacional, consagrar más derechos laborales, una educación pública de calidad y gratuita y pulverizar el criticado sistema jubilatorio.

Todas estas demandas fueron las que gatillaron multitudinarias protestas en Chile en las últimas décadas.

De cualquier modo, la dispersión, tanto política como social y profesional entre quienes integran la Convención Constituyente, obligará a arduas negociaciones, pactos y concesiones para arribar a acuerdos macro.

No será fácil en un país que en los últimos años alcanzó preocupantes niveles de polarización política.

Aún así, neutralizado el objetivo de la derecha de bloquear toda iniciativa que se alejara del espíritu de la Carta Magna actual -escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet- y tras el remezón propinado a las fuerzas políticas tradicionales, estos sectores tienen despejado el camino para que la nueva Constitución recoja las demandas expresadas en los últimos años en las calles, especialmente en octubre de 2019, cuando millones de chilenos reclamaron cambios de fondo. (Télam)