La Fiscalía de Perú informó hoy que solicitó 35 años de cárcel para el expresidente Alejandro Toledo, el tercer pedido de condena en su contra, en todos los casos por irregularidades en obras públicas construidas durante su mandato.

La nueva solicitud de pena es por el tramo cuatro de la Carretera Interoceánica, y se enmarca en el llamado Lava Jato, el escándalo de corrupción abierto por el pago de sobornos a funcionarios de parte de firmas constructoras.

La fiscal Diana Canchihuamán explicó que Toledo está acusado por delitos de colusión y lavado de activos, y pidió además su inhabilitación y un pago de 1.359 días de multa.

Según el diario limeño El Comercio, el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato también había solicitado antes prisión preventiva de 36 meses para el expresidente, para Avrahan Dan On, su exjefe de Seguridad, y para el exrepresentante de la constructora brasilera Camargo y Correa en Perú, Marcos de Moura Wanderley.

Sobre Toledo ya pesan dos acusaciones fiscales, una por 20 años y seis meses de prisión, y otra por 16 años y ocho meses de cárcel por los casos de la Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, y por el denominado caso Ecoteva.

Lima pidió a Estados Unidos la extradición del exmandatario peruano para que responda por los cargos que se le atribuyen, y un juez del estado de California, Thomas Hixson, incautó tanto el pasaporte diplomático de Toledo como el de su esposa.

Las autoridades judiciales de Estados Unidos tomaron esa decisión ante la posibilidad de que el expresidente peruano y su esposa pudieran viajar a otro país para evadir a la justicia.

A fines del mes pasado, el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de la Corte de San Francisco reactivó el proceso de extradición, porque revocó la medida cautelar que suspendía los trámites para que sea devuelto al Perú.

La defensa de Toledo había presentado en mayo pasado el recurso de habeas corpus y una medida cautelar, y aunque el primer recurso fue rechazado por el juez Laurel Beeler, quien determinó que había motivos para considerar que el exmandatario sí habría estado implicado en delitos de corrupción, el segundo sí fue admitido en primera instancia. (Télam)