La Fiscalía de Bolivia presentó hoy ante la justicia una acusación por varios delitos contra dos ministros de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, uno de ellos ya detenido en Estados Unidos por corrupción.

El fiscal general Juan Lanchipa dijo en conferencia de prensa que se presentó "la acusación formal en contra de nueve personas que habrían estado involucradas en el proceso de contratación directa de adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana en la gestión 2019".

Identificó a los acusados como los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, de Defensa, Luis Fernando López, seis subalternos de ambos ministerios, y el empresario estadounidense Bryan Samuel Berkman.

Lanchipa precisó que el "daño económico al Estado es de 16 millones de bolivianos", unos 2,3 millones de dólares.

El equipo de fiscales estableció que los delitos cometidos por los exfuncionarios son, principalmente, negociaciones incompatibles con el cargo, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito.

La justicia no definió aún cuándo comenzará el proceso penal que prevé la condena máxima de 10 años de cárcel, citaron medios locales y la agencia de noticias AFP.

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Murillo fue detenido en mayo del año pasado en Estados Unidos e inculpado por corrupción por la compra de material antidisturbios, en medio de una convulsión social tras el golpe de Estado que desalojó del poder al expresidente izquierdista Evo Morales en 2019.

Por separado, la justicia estadounidense indicó que tres empresarios de ese país son sospechosos de haber pagado entre noviembre de 2019 y abril de 2020 unos 602.000 dólares en sobornos a funcionarios bolivianos.

Murillo está a la espera del inicio de su juicio en el estado de Florida.

Lanchipa recordó que en septiembre pasado se solicitó a Estados Unidos la extradición de Murillo. En el caso del exministro López, dijo que se desconoce su ubicación, aunque medios locales revelaron que se encuentra en Brasil.

A fines de 2019 se registraron violentos disturbios en Bolivia.

Morales fue forzado a renunciar por la cúpula militar y policial en noviembre, procedimiento calificado de "golpe de Estado", tras casi 14 años en el poder, luego de que la oposición lo acusara de presunto fraude en las elecciones presidenciales de octubre de ese año, que nunca se comprobó.

Una investigación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) estableció que en esos meses se registraron 37 muertos en enfrentamientos entre civiles y fuerzas combinadas de militares y policías y que estas últimas incurrieron en numerosos actos de brutalidad y abusos contra los manifestantes.

Por ese caso y otros varios delitos, la ultraderechista Áñez está detenida desde marzo de 2020. (Télam)