La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, fue reelegida hoy por el presidente Alejandro Giammattei para otros cuatro años más en el cargo, pese a haber sido incluida por Estados Unidos en una lista de "actores corruptos".

"He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público por los próximos cuatro años", dijo Giammattei en una ceremonia oficial.

El mandatario aseguró que Porras es una profesional que cumple todos los requisitos constitucionales y que obtuvo el voto favorable unánime de la comisión que evaluó a los candidatos.

"Esta no ha sido una decisión sencilla tomada a la ligera", agregó en su discurso en el Palacio Nacional, donde se realizó la ceremonia y toma de juramento, delante de una gran placa que consignaba "Guatemala capital provida de Iberoamérica".

"Los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir según nuestra Constitución no tienen ningún valor para despojar a una persona se su capacidad, idoneidad y honradez", dijo Giammattei, según la agencia de noticias AFP.

Al asumir el cargo para el período 2022-26, Porras afirmó que está comprometida para llevar adelante una labor "sin sesgos ni ideologías, continúa firme".

"Jamás toleraré acciones arbitrarias que socaven los derechos de los ciudadanos guatemaltecos; continuaré firme en mi compromiso de garantizar una justicia objetiva y no selectiva", agregó.

Más temprano, durante el informe sobre sus primeros cuatro años, Porras aseguró que una prioridad de su administración "ha sido la lucha contra la corrupción".

El Ministerio Público, bajo órdenes de Porras, dispuso en los últimos meses las detenciones de al menos seis juristas que trabajaron en órganos antimafias en Guatemala, acusándolos de irregularidades en sus labores.

Para los acusados, esas detenciones son una "venganza" contra quienes lucharon contra la corrupción.

La Fiscalía rechaza esas acusaciones.

Entre los detenidos figuran exmiembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y una representante de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU, que funcionó entre 2007 y 2019.

Porras fue colocada en 2021 por Washington en una lista de "actores corruptos".

Organizaciones sociales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) -grupo que promueve los derechos humanos en las Américas-, el Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés), con sede en Washington y con incidencia en América Latina, manifestaron su cuestionamiento a la reelección de la fiscal, publicó en su portal la Red de Información del Combate a la Impunidad en Guatemala (RICIG) el jueves pasado.

Una de las acciones que motivó la sanción a Porras fue la destitución el año pasado de Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la FECI y considerado como un "campeón anticorrupción" por Washington.

Ahora está exiliado en Estados Unidos, tras denunciar amenazas contra su vida.

Sandoval dijo en marzo que su separación del cargo ocurrió tras conocerse que contaba con información "de un posible soborno de empresarios" rusos al presidente Giammattei para operar un puerto sobre el Caribe. (Télam)