La expresidenta de facto boliviana pidio maximo castigo para sus excolaboradores corruptos

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez (2019-2020) pidió hoy el castigo más severo contra sus excolaboradores que cometieron actos de corrupción, de los cuales dijo que dañaban la imagen del país.
"Nadie elige colaboradores para que se corrompan, y estos hechos tienen que ser castigados con todo el peso de la Ley, porque hacen quedar mal al país", publicó Áñez en su cuenta de Twitter, al día siguiente de que se confirmara la detención, en Estados Unidos, de su exministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusado de lavado de dinero y sobornos.
Áñez, quien está en la cárcel cumpliendo detención preventiva, no mencionó directamente al exhombre fuerte de su Gobierno, aunque afirmó que ella nunca toleró a la corrupción y que "lamentablemente" en su administración hubo "funcionarios que se alejaron de toda ética", informó la agencia de noticias Sputnik.
En los últimos días de su Gobierno de facto, Áñez respaldó firmemente a Murillo tras una censura parlamentaria, en medio del escándalo desatado por una denuncia de la Procuraduría General de irregularidades en la compra de materiales antidisturbios, de la cual derivó el proceso en Estados Unidos.
Ayer, Murillo fue detenido en Estados Unidos junto a quien fuera su jefe de Gabinete, Sergio Méndez, y otros tres ciudadanos estadounidenses.
Según el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, estos tres ciudadanos -Luis Berkman, 58; Bryan Berkman, 36; y Philip Lichtenfeld, 48-"pagaron $602.000 en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro boliviano funcionario del Gobierno".
Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman con sede en Florida obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato de aproximadamente $5,6 millones para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales.
De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno de Bolivia, la compra de los materiales en cuestión tuvo un costo de 5,6 millones de dólares, aunque el precio real supondría 3,3 millones.
El Parlamento, controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), censuró a Murillo el 14 de octubre pasado por negarse a acudir a una interpelación sobre el caso de presunto sobreprecio en los materiales antidisturbios, por lo que el actual ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, pidió ayer a Estados Unidos su extradición.
Áñez tardó cinco días en cumplir el mandato constitucional de destituir a Murillo a causa de esa censura e inmediatamente después lo volvió a designar en el mismo cargo, alabando su labor de "pacificación" del país tras el golpe de noviembre de 2019.
Entre la censura y la ratificación de Murillo, se realizaron en Bolivia las elecciones generales que llevaron a la Presidencia del Estado a Luis Arce, del MAS.
También en relación con estas compras con sobreprecio, el viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, informó de la detención de Daniel Leonardo Aliss Paredes, cuñado de Murillo, y de Daniel Bellot, un expolicía que trabajó para Murillo.
Aliss Paredes fue detenido en Cochabamba en un operativo de Inteligencia que lo interceptó cuando pretendía retirar dinero y objetos de valor de una caja de seguridad bancaria a nombre de Murillo.
En cuanto a Bellot, fue detenido y trasladado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que preste declaración en calidad de testigo por la compra del material antidisturbios, según radio Éxito.
El Ejecutivo boliviano pedirá ahora la extradición del exministro de Defensa Luis Fernando López, investigado en el mismo caso, quien estaría en Brasil.
(Télam)