La Declaración de Consenso de Ginebra (DCG) es un texto "confuso" que se jacta de promover la salud de las mujeres y los derechos de la familia usando el lenguaje empleado en Naciones Unidas, pero que en verdad busca minar el avance de los derechos reproductivos en la esfera internacional, denunciaron activistas.

"Este documento es un problema para aquellos que apoyamos los derechos reproductivos para todos porque usa nuestro idioma y redefine los argumentos que estuvimos usando durante mucho tiempo", alertó a Télam Alanna Galati, directora asociada de Política Global en el Instituto Guttmacher.

"Es muy confuso, hay que estar muy metido en el tema para saber leer entre líneas", agregó.

El texto, que defiende "la prioridad esencial de proteger el derecho a la vida", fue impulsado a finales de octubre por Brasil, Egipto, Indonesia, Uganda, Hungría y Estados Unidos, y suscrito telemáticamente por otros 28 países.

Está basado en cuatro pilares principales: una mejor salud para las mujeres, la preservación de la vida, el fortalecimiento de la familia como unidad fundacional de la sociedad y la protección de la soberanía nacional de los países en políticas globales.

Si bien la redacción es aquella empleada en la ONU -las 21 citas presentes en el texto son documentos de la organización-, Galati precisó que la declaración ampara tanto un modelo de familia heterosexual que margina a las personas LGBTIQ+, como una idea conservadora del rol de la mujer en la sociedad.

De hecho, aunque en ella figura el término "salud sexual y reproductiva", propio de los defensores de la interrupción legal del embarazo, se aclara que está limitado "al grado máximo que se pueda lograr sin incluir el aborto".

Además, a su juicio, equipara a los organismos multilaterales como una especie de "autoridad neocolonial" que amenaza a la soberanía de los estados.

En palabras de la especialista, el objetivo de la DCG es proveer un marco alternativo para futuras negociaciones en Naciones Unidas.

"Si no te gusta lo establecido en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de la ONU (sobre derechos de las mujeres y niñas y derechos reproductivos) ahora tenés este texto como referencia para redefinir estos principios", manifestó.

Según explicó, detrás de la agenda definida en esta declaración están organizaciones provida, como C-Fam y Family Watch International, que encontraron en el Gobierno del presidente Donald Trump un aliado.

C-Fam publicó incluso un comunicado de prensa tras la firma del documento, en el que señalaba que "había trabajado 24 años para lograr la declaración hecha por el Gobierno de Trump".

Por más que algunos Gobiernos se refirieron a la DCG como una nueva declaración universal de los derechos humanos, Galati destacó que el texto no es legalmente vinculante ni tampoco es realmente un consenso, ya que sólo fue suscrito por 34 de los 193 países miembros de la ONU.

"El nombre lo convierte en algo más grandioso de lo que es", opinó para agregar: "incluso decidieron mantener a Ginebra, aunque al final el encuentro se suspendió por la pandemia".

Tampoco fue un documento negociado, recalcó, sino que fue desarrollado exclusivamente por Washington y presentado a los demás países para su firma.

Si bien es probable que el futuro Gobierno de Joe Biden no apoye esta declaración, Galati advirtió que las organizaciones provida continuarán promoviéndolo en el mundo, al igual que los otros signatarios, muchos de los cuales integran el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (Télam)