(Por Pablo Giuliano, corresponsal) Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil obligó al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro a proveer información sobre sus políticas contra el hambre, luego del shock provocado por fotografías publicadas por el diario Extra, de Río de Janeiro, en las que decenas de personas hacen filas para llevarse huesos y grasa de carne bovina descartadas por los supermercados, informó hoy la prensa local.

El juez Antonio Dias Toffoli acató un pedido de la Orden de Abogados de Brasil para determinar los planes del Gobierno federal frente al hambre y dio diez días de plazo a la Abogacía del Gobierno para responder, según informó el diario económico Valor.

La nueva pulseada entre los poderes fue disparada por la publicación ayer del diario Extra de un video e imágenes que muestran cómo camioneros que llevaban el descarte de huesos y grasa a los centros de reciclaje de residuos paran en una esquina del barrio de Gloria, zona sur de Río, para que las personas, sin ningún tipo de control higiénico ni refrigeración, se hicieran de ellos como si fueran alimentos.

"Yo aprovecho para usar la grasa como aceite, que está muy caro", contó una de las personas de la fila.

Un caso similar ocurrió en agosto en Cuiabá, capital de Mato Grosso, principal estado ganadero del país, con filas de personas en los supermercados para recibir huesos y grasa vacuna como "donación" .

Organizaciones no gubernamentales de Río de Janeiro han venido informando que sus comedores no dan abasto, según informó la entidad Açao da Cidadanía; mientras que para el economista Marcelo Neri, de la Fundación Getulio Vargas y especialista en datos sociales, la inseguridad alimentaria de los brasileños creció incluso con el pago durante seis meses en 2020 del auxilio de emergencia, una suerte de IFE del Gobierno de Brasil.

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"El 46% de la clase baja dijo que faltó dinero para comprar comida incluso recibiendo la ayuda", dijo Neri.

Según Neri, existen en Brasil 27 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, establecida en 261 reales o 48 dólares, el equivalente a 4.752 pesos, tomando en cuenta el dólar oficial en la Argentina.

De acuerdo con datos oficiales, un contingente de 19,2 millones de personas en 2020 sufrían inseguridad alimentaria en Brasil, lo que representa el 8,7% de la población.

El diario O Globo de Río de Janeiro indicó que, con más de 5%, el país estaría dentro del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que aún no fue publicado, luego que Brasil lograra salir de esa estadística durante el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016).

"Si no se hace nada, todo será peor; debe haber un trabajo colectivo entre las esferas de los Gobiernos porque no hay salida para el caos económico que se ve actualmente. Río de Janeiro es uno de los estados con más dificultades", dijo Daniel Balaban, representante en Brasil del Programa Mundial de Alimentos (WFP).

Balaban sostuvo que 26 millones de toneladas de alimentos se desperdician por año en Brasil en toda la cadena productiva, algo que podría evitarse para colaborar con la alimentación de la población más afectada.

El indice de desempleo en Río de Janeiro fue del 19,4% en mayo contra el 14,7% que en ese mes afectó a todo el país en su conjunto, un número récord de acuerdo a datos oficiales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En paralelo, en 12 meses, la inflación acumulada llegó al 10% por primera vez desde la recesión de 2015, en un país donde existe un control de metas de inflación por parte del Banco Central desde 1994, cuando se implementó el Plan Real.

El Gobierno del presidente Jair Bolsonaro está pagando un subsidio de 200 reales por tres meses a más de 60 millones de personas en la informalidad y pretende lanzar un plan social para que sea su marca electoral en 2022, de cara a su reelección, hoy en peligro por la creciente popularidad del exmandatario y líder de la oposición Luiz Inácio Lula da Silva.

En el pedido que la corte suprema hizo hoy, la Orden de Abogados de Brasil indicó que entre 2018 y 2020 el número de personas que sufría inseguridad alimentaria grave en Brasil fue de entre 10,3 millones a 19,1 millones.

"Es un escenario de muerte, agravado por la actuación criminal e ineficiente del Gobierno en la pandemia", sostuvo el pedido, revelado por el diario económico Valor.

El presidente Bolsonaro, sin embargo, acusa a los gobernadores y alcaldes de ser los responsables por la inflación en el precio de los alimentos porque la vincula a las cuarentenas y restricciones impuestas para enfrentar a la pandemia de coronavirus.

Además, el mandatario pide que los gobernadores renuncien a los impuestos locales como ICMS, el IVA brasileño, para intentar reducir el precio de los combustibles, entre ellos la nafta y la garrafa de gas.

Según entidades sociales, la cocina a leña en las favelas y barrios más pobres creció en Brasil a raíz del aumento del precio de la garrafa, que mantiene los precios internacionales determinados por la petrolera estatal Petrobras. (Télam)