La justicia de Colombia rechazó una reforma a la Constitución promovida por el presidente Iván Duque que imponía prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 17 años, según un fallo dado a conocer hoy.

Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declaró "inexequible" el trámite legislativo que suprimía "la prohibición de la pena de prisión perpetua" en el país, detalló el máximo tribunal, según reportó la agencia AFP.

Los magistrados consideraron que la reforma aprobada por el Congreso y promulgada por Duque en julio de 2020 no es una medida "idónea para asegurar la protección" de los menores y, en cambio, sí "configura un retroceso en materia de humanización de las penas".

"Puede constituir una pena cruel, inhumana y degradante, prohibida por los instrumentos internacionales, toda vez que se anula la esperanza razonable y efectiva de salir de la prisión y se margina definitivamente al individuo de la sociedad", apuntó.

El mandatario conservador lamentó el fallo que, según dijo, invocaba "la dignidad humana frente a los victimarios".

"¿Por qué se privilegia la dignidad del violador y no la dignidad del niño?", se preguntó hoy Duque durante una entrevista en Todelar Radio.

Con la decisión, en Colombia queda nuevamente prohibida la prisión perpetua por cualquier delito y la pena máxima vuelve a ser de 60 años de cárcel.

Más de 15.000 menores de edad fueron víctimas de delitos sexuales en 2020, unos 42 al día, según la autoridad forense. De acuerdo con Medicina Legal, 578menores de 18 años fueron asesinados en el mismo periodo.

En el poder desde agosto de 2018, Duque asumió esta causa como bandera de campaña e impulsó su discusión en el parlamento.

"Esa batalla continúa, nosotros seguiremos perseverando (...) los fallos se acatan pero las fallas se corrigen", anunció el presidente.

Los detractores de la reforma, entre los que están congresistas de la oposición, académicos y expertos aseguran que un incremento punitivo no es eficaz en la reducción de los delitos. (Télam)