La Suprema Corte de Justicia (SCJN) de México postergó hoy hasta el jueves su decisión final sobre el proyecto para derogar la prisión preventiva obligatoria (PPO), aunque por el momento la mayoría de los magistrados se opone a ese paso.

Varios ministros -cuatro ayer y otros tres hoy- rechazan la propuesta del juez Luis María Aguilar Morales de “inaplicar” la Constitución como base para invalidar la medida cautelar, lo que motivó al autor de la iniciativa a pedir tiempo para analizar los argumentos de sus pares y en función de eso modificar su proyecto o mantenerlo.

“La Constitución es la suma de todos los entendidos sociales, el máximo pacto de armonía social; son las reglas bajo las cuales la nación mexicana, la sociedad misma, dijo que quería vivir", sostuvo la magistrada Margarita Ríos Farjat.

"Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo; considero, muy respetuosamente, que eso instauraría de facto un gobierno de jueces”, agregó.

Por su parte, el ministro Mario Pardo Rebolledo señaló que quienes impulsaron estas acciones de inconstitucionalidad, la Comisión de Derechos Humanos y algunos senadores “ni siquiera impugnaron la Constitución, sino solo las leyes secundarias que incluyen a la PPO”, por lo que la Corte “no tiene bases” para involucrarse en este tema.

Sin embargo, los jueces también coincidieron en que sí es posible poner reglas a la PPO, tomando como base los derechos humanos garantizados en la Constitución.

El ministro Javier Laynez Potisek señaló, por ejemplo, que haber ampliado la lista de delitos a los cuales se puede aplicar la prisión preventiva -llamada también oficiosa- es “un fraude a la Constitución”, según consignó el diario Jornada.

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reiteró su postura en contra de la PPO, que insistió, afecta a los más pobres y desprotegidos de la sociedad, aunque aclaró que no le corresponde al cuerpo reformar la Constitución.

Sin embargo, citó a sus “convicciones” para advertir que la prisión preventiva oficiosa en México tiene a miles de personas, principalmente los más pobres, en la cárcel.

“Marginados que no tienen quién los defienda y afecta de manera particular a las mujeres. Vayamos a las prisiones y díganme cuánta gente rica hay y vean cuánta gente pobre hay. ¿A cuántas personas se les fabrican delitos o se les pone una agravante para que ya no puedan salir y se pasen 10, 12, 17, 20 años en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dicte sentencia?”, se preguntó.

En la misma línea, según el diario El Universal, lamentó: “Condenamos a la gente a los infiernos que son las cárceles mexicanas y les hacemos perder la esperanza sin que un juez haya valorado si hay elementos que justifiquen que deben estar en prisión, mientras se lleva a cabo su proceso”.

Finalmente, dijo que no puede “aceptar que este sea el precio a pagar ni que sea la única manera de salvaguardar la seguridad del país”, por lo que instó a “ser más profesional y buscar un sistema penal digno, decente para las miles de personas que están indefensas ante el abuso y la arbitrariedad que se sufre todos los días”.

Ayer, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU había pedido al Estado que derogue a prisión preventiva obligatoria por considerarla “contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos”. (Télam)