La Corte mexicana avalo decision de Lopez Obrador y los militares pueden seguir en las calles

La Suprema Corte de Justicia de México ratificó hoy la presencia del Ejército en las calles del país para atender cuestiones de seguridad interna, según dispuso el presidente Andrés López Obrador, pese a cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El pleno de la Corte, por mayoría de ocho votos, consideró constitucional la orden de agosto de López Obrador, que dispuso la salida de soldados e infantes de la Marina de sus cuarteles para enfrentar el crimen organizado.
Para el tribunal, el titular del Ejecutivo usó de forma correcta su facultad establecida en el artículo 5 del decreto de reforma constitucional, pese a que el presidente de la sala, Arturo Zaldívar, rechazó que con esta resolución el órgano autorice la militarización de las tareas de seguridad pública.
"El hecho de que este Tribunal Supremo valide la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil, como la Guardia Nacional, concluyen su integración (...), de ninguna manera significa que este tribunal esté autorizando la militarización de la Seguridad Pública", explicó, según el diario Excelsior.
El acuerdo, además, menciona que las Fuerzas Armadas se regirán por la estricta observancia y respeto a los Derechos Humanos, en cumplimiento de la Constitución o la ley nacional sobre el uso de la fuerza.
La medida, aprobada por la Cámara de Diputados, permite que durante 10 años desde la aprobación de la Ley de Seguridad Pública -en vigor desde 2019- la Guardia Nacional mexicana podrá disponer de militares en tareas de seguridad pública de manera "extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", a petición del mandatario del país, reportó la agencia Europa Press.
López Obrador planteó en agosto que soldados e infantes de la Marina mexicana permanecieran en las calles más allá de 2024 para apoyar a la Policía mexicana en las labores de seguridad pública, después de que en 2019 sacara adelante una reforma que tenía un plazo máximo de 5 años.
López Obrador argumentó que la "emergencia que vive el país en seguridad pública" hacía necesaria esa ampliación. (Télam)