La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comenzó hoy a tratar el emblemático caso de Manuela, una salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por un presunto "parto precipitado" y extrahospitalario que la Justicia de su país tipificó de homicidio agravado, en un fallo que le valió un alud de rechazos tanto locales como internacionales.

"El caso se refiere a una serie de presuntas violaciones en el marco del proceso penal que culminó con la condena por el delito de homicidio agravado a la víctima del caso Manuela, en el marco del contexto sobre criminalización del aborto en El Salvador", consignó la Corte en un resumen del proceso.

La audiencia, que se prolongará hasta mañana, se realiza en forma virtual por la pandemia de coronavirus desde San José, Costa Rica, y enfrenta a la familia de Manuela, que falleció de cáncer en prisión en 2010, contra el Estado de El Salvador.

La sentencia podría demorar de seis meses a un año.

En la apertura de la audiencia fueron escuchados los peritos Guillermo Ortiz, un veterano ginecólogo salvadoreño residente en Estados Unidos, y la abogada argentina Laura Clérico.

En San Salvador, la letrada defensora de Manuela, Angélica Rivas, afirmó que tiene "expectativas altas" de que la Corte logre "establecer todas las violaciones" que argumentó en su petición, según la agencia de noticias AFP.

"Aspiramos que a se reconozca que Manuela fue víctima de violación de derechos humanos múltiples", remarcó Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Acdatee).

Herrera espera una "reparación integral" para la familia y en un acto público la "dignificación" de la imagen de Manuela y de otras 18 mujeres que aún están encarceladas por emergencias obstétricas.

Manuela no sabía leer ni escribir y vivía en una zona rural con escasos recursos, además de padecer un cáncer linfático no diagnosticado que, según Sara García, de la Colectiva Feminista, le provocó una emergencia obstétrica.

El 27 de febrero de 2008, tras sufrir un fuerte dolor pélvico y abdominal, Manuela fue a una letrina que se encontraba a unos metros de su casa.

"Manuela sabía de su embarazo pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó el feto y se desmayó; se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud", expuso en un comunicado el Centro de Derechos Reproductivos, una ONG de Estados Unidos.

En agosto de 2008, Manuela fue condenada a 30 años de prisión, y el 30 de abril de 2010, cuando tenía 33 años, murió esposada a una cama en el área de presos del hospital nacional Rosales, donde recibía tratamiento.

El código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta ocho años.

Sin embargo, lo cual fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como "homicidio agravado", penado con hasta 50 años de prisión.

El emblemático caso generó conmoción mundial, así como indignación generalizada por el fallo judicial. (Télam)