La Fiscalía de Perú retrasó una semana, hasta el jueves 8, la citación a la presidenta Dina Boluarte para que declare por su presunta responsabilidad en las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, que provocaron la muerte de más de 60 personas y cientos de heridos.
La defensa de Boluarte había solicitado al Ministerio Público que reprogramase la citación, prevista en un primer momento para el próximo miércoles, porque coincidía con una "actividad oficial" ya programada, informó la agencia de noticias Europa Press.
Boluarte debe declarar en la investigación por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" en su contra y de funcionarios de su Gobierno. En marzo ya fue interrogada.
La Fiscalía de Perú lleva a cabo una investigación preliminar por el presunto delito de genocidio por la respuesta de las autoridades a una serie de manifestaciones que se tornaron violentas y sacudieron el país sudamericano a comienzos de año.
Cuando se supo de la citación, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, recalcó la "vocación de colaboración" de la jefa de Estado para cerrar un capítulo que, afirmó, "no tiene sentido", y adelantó que la mandataria acudiría a la citación.
En realidad, la presidenta había pedido que su asistencia se reprograme para el 1 de junio, porque el miércoles 31 de mayo se realizará un simulacro nacional multipeligro (para realizar ejercicios de evacuación y del que participa toda la población).
En caso de una acusación, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución peruana.
En las protestas murieron 61 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las manifestaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como HRW y Amnistía denunciaron en términos similares los excesos de las fuerzas de seguridad.
Boluarte cumplirá el 7 de junio seis meses en el poder, tras la destitución de Castillo, detenido por el delito de rebelión tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre. (Télam)