Los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la violencia política del año pasado en Bolivia anunciaron hoy que tendrán una declaración al respecto de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), principal responsable de esos episodios que dejaron varios muertos, heridos, detenidos y flagrantes violaciones a los derechos humanos.

"Vamos a realizar una agenda de trabajo que ya estaba preestablecida en Santa Cruz de la Sierra y, en el marco de esa visita vamos a tener ese encuentro con Añez", dijo el líder del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, Jaime Vidal, en declaraciones a la red radial Erbol.

Áñez había reclamado públicamente a los enviados de la CIDH permiso para dar su versión de los sucesos de octubre y noviembre del año pasado, en especial de dos masacres de manifestantes cometidas después de su autoproclamación como gobernante transitoria, que causaron más de 20 muertos, según diversos informes.

La dirigente derechista era segunda vicepresidenta del Senado cuando asumió sin aval parlamentario la Presidencia el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) forzada con un golpe de Estado por parte de la cúpula militar-policial, en medio de movilizaciones contra su victoria en las elecciones del mes anterior.

Vidal señaló que el grupo de investigadores recibió una solicitud escrita de Áñez para que su declaración sea en Santa Cruz y no en La Paz como se había previsto inicialmente, reportó la agencia de noticias Sputnik.

Áñez está radicada en la ciudad amazónica de Trinidad desde el 7 de noviembre, su último día de gestión transitoria antes de la asunción del nuevo Gobierno democrático de Luis Arce, que surgió de las elecciones del 19 de octubre de este año.

El grupo de la CIDH realiza desde el 23 de noviembre una amplia investigación de la violencia política de 2019, con intención de presentar un informe en un plazo de seis meses.

Los investigadores se han reunido ya con familiares de víctimas de la represión ordenada por Áñez, mientras autoridades, líderes parlamentarios y activistas de derechos humanos, esperan informes militares y policiales prometidos por Arce.

La expresidenta Áñez fue señalada en un reciente informe parlamentario como principal responsable política de las masacres, por ordenar la participación de los militares a los que liberó mediante un decreto de eventuales responsabilidades penales.

Por ese decreto, el Parlamento pidió a la Fiscalía General que inicie los trámites de un juicio de responsabilidades contra Áñez. (Télam)