La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó el pedido de medidas cautelares hecho por la defensa de la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, según una carta fechada ayer y difundida hoy por medios locales.

“Cumplo con informarle que, teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes, el expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado”, indicó la parte de la carta enviada por la secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, al canciller boliviano, Rogelio Mayta, según el diario Los Tiempos.

Y continuó: "Considerando lo anterior y la información aportada por ambas partes, la Comisión considera importante que el Estado continúe garantizando las condiciones dignas de detención, en cumplimiento con los estándares interamericanos mínimos en la materia".

La defensa de Áñez había pedido medidas cautelares el 27 de agosto pasado, luego de denunciar que la expresidenta de facto había intentado suicidarse en la cárcel de Miraflores, en La Paz, donde se encuentra con prisión preventiva imputada por su responsabilidad en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales y las masacres posteriores cometidas por las fuerzas de seguridad bajo su mandato.

Además de rechazar el pedido de los abogados de la exmandatario de facto, la CIDH también le hizo un pedido: "La Comisión ha exhortado a la parte solicitante a cooperar de manera positiva con el Estado en la implementación de las medidas a favor de la señora Jeanine Añez, valorando, en comunicación con sus médicos de confianza y aquellos ofrecidos por el Estado, el acceso a tratamiento médico adecuado para el tratamiento de la salud física y mental de la señora Añez".

La semana pasada, a pedido del Ministerio Público, el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de la ciudad boliviana de La Paz había extendido la prisión preventiva de Áñez y dos miembros de su Gobierno de facto - el exministro de Justicia Álvaro Coimbra y el de Energías Rodrigo Guzmán-, una decisión que ya fue apelada y se espera la decisión de un tribunal superior.

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Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo acusada de "sedición, terrorismo, conspiración y genocidio", entre otros delitos, por participación en el golpe de Estado contra el expresidente Morales.

El cargo de "genocidio" surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.

En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabilizó que fueron 22 los muertos en ambos incidentes, que calificó de "masacres".

También hay otros dos juicios en curso, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración y el otro por incumplimiento de deberes públicos.

Áñez se proclamó presidenta interina en una sesión del Senado sin quórum el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que Morales se viera obligado a renunciar presionado por una rebelión militar, antes de exiliarse en México y luego en la Argentina.

Las imágenes de sus autoproclamación con la biblia, figuras de la virgen y un Gabinete repleto de militares dieron la vuelta al mundo.

Un año después, Áñez dejó el poder tras la elección del presidente Luis Arce, con más del 55% de los votos y 28 puntos porcentuales por sobre su rival Carlos Mesa. (Télam)