El Estado uruguayo fue considerado responsable de la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, y omisiones por la falta de investigación en la muerte de tres personas y la desaparición de otras dos en 1974, en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se conoció hoy.

La CIDH entendió que Uruguay tiene "responsabilidad internacional" en las violaciones de derechos humanos de los familiares de Diana Maidanik, Silva Reyes y Laura Raggio, conocidas como las "muchachas de abril", que fueron asesinadas en ese mes de 1974 en un operativo de las fuerzas conjuntas.

Según la sentencia del caso, los militares y la policía buscaban a Washington Javier Barros y dispararon contra la puerta de su departamento, donde el hombre no estaba pero sí las jóvenes.

Para la Corte, el Estado no investigó en "forma debida" por lo que "violó los derechos de sus familiares a las garantías judiciales y a la protección judicial".

Además, el Tribunal declaró que Luis Eduardo González y Oscar Tassino fueron víctimas de "desapariciones forzadas", por lo que también señaló la responsabilidad del Estado en estos casos, además de reconocer sus responsabilidades ante los familiares de estos dos hombres.

El organismo evaluó que Uruguay violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal.

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González era un estudiante de medicina militante del Partido Comunista y fue detenido el 13 de diciembre junto con su esposa, mientras que Tassino tenía 40 años, fue detenido en julio de 1977. Era también del Partido Comunista y dirigente sindical de la Agrupación de la Administración de las Usinas y Teléfonos del Estado (AUTE).

Pasadas tres décadas de los hechos, no se esclareció del todo lo sucedido ni se determinaron responsabilidades, por lo que, para la CIDH, “los tiempos que se han tomado en la investigación de estas desapariciones sobrepasan parámetros de razonabilidad".

La CIDH ordenó por eso al Estado "continuar las investigaciones" para "sancionar a los responsables" de las ejecuciones y desapariciones, según cada caso, y exigió que se realice un acto público de reconocimiento sobre estas situaciones.

Además, determinó que el Estado debe realizar una "búsqueda rigurosa" con "todos los esfuerzos" existentes para encontrar el paradero de González y Tassino, todo "en un plazo razonable" de tiempo, dice la sentencia, reportada en los sitios de los diarios El Observador y la Diaria.

Como agregado, la Corte planteó la incorporación de estudios en derechos humanos a los programas de formación de las escuelas de las Fuerzas Armadas y le encomienda al Estado fortalecer la Fiscalía especializada en Derechos Humanos. (Télam)