En medio de la represión policial y militar que ya dejó alrededor de 60 muertos y un millar de heridos en la actual crisis colombiana, el fantasma de una de las realidades más tenebrosas del conflicto armado interno, las llamadas "casas de pique", donde investigaciones judiciales estiman que fueron desaparecidas unas 900 personas en los últimos 20 años, volvió a instalarse en el centro de las denuncias.

Esas dependencias ubicadas en el principal puerto del país, sobre las aguas del Pacífico, en la ciudad de Buenaventura, fueron denunciadas por organismos defensores de los derechos humanos y hasta por el fallecido obispo Héctor Epalza Quintero como centros clandestinos en los que diversos grupos irregulares masacraban vivas a sus víctimas y arrojaban sus restos al mar, como alimento de los peces.

Un informe oficial sobre la crisis actual publicado por la revista Semana dice que aún hay 129 personas desaparecidas en todo el país después de decenas de refriegas y razzias policiales en barriadas pobres en el marco de las protestas, y el fantasma de las ”casas de pique” reapareció públicamente.

Sin embargo, Alberto Yepes, de la Coordinadora de Derechos Humanos, y Julio César Hincapie Betancourth, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), dijeron a Télam que no tienen informaciones que confirmen que las desapariciones actuales tengan relación con esos centros del horror.

Las "casas de pique" fueron denunciadas en 2012 por monseñor Epalza. "Ya sobrepasa los límites de la cordura de descuartizar con motosierras. Eso muestra la sevicia y la falta de humanidad entre estos grupos", afirmó el religioso a la cadena Caracol.

De acuerdo con esa denuncia, que se sumó a otras formuladas por organismos de Derechos Humanos en aquellos antros se desmembraba vivas a las personas y luego de arrojaban sus restos al mar.

La justicia que investiga los crímenes atroces en Colombia tras la firma de la paz en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC estima que en Buenaventura han desaparecido al menos 881 personas en las últimas dos décadas.

Quiénes perpetraron semejantes atrocidades a lo largo de por lo menos 20 años de conflicto interno, es materia de debate. Para las autoridades, víctimas y victimarios pertenecían al mundo del narcotráfico y otras actividades delictivas englobadas en Colombia bajo el rótulo de "bandas criminales" (bacrim), pero en el posconflicto ya ubican allí también a las disidencias de las FARC.

La comunidad civil, y especialmente la dirigencia defensora de los derechos humanos, asegura que actuaron allí también las bandas paramilitares.

Según una crónica de la agencia de noticias AFP, en Buenaventura el control de la situación pasó de manos de guerrilleros a paramilitares y luego a criminales de la banda La Local, que utiliza el puerto para la salida de sus voluminosas cargas de drogas.

El narco supo aprovechar la "red natural de esteros y cuencas", y "el saber experto de los navegantes" del puerto, observó Juan Manuel Torres, investigador del centro de estudios Fundación Paz y Reconciliación, citado por la agencia francesa. 

Aquí -añadió- la seguridad no depende tanto de las autoridades como "de los acuerdos entre ilegales, que suelen ser acuerdos frágiles". Cuando se rompen, empieza un nuevo ciclo de desapariciones, asesinatos y tiroteos. Fue lo que ocurrió a comienzos de este año de pandemia.  (Télam)