La razón central por la que Honduras, Guatemala y El Salvador siguen expulsado a miles de sus ciudadanos cada año en busca de una mejor calidad de vida es la ineficacia, o directamente la falta, de políticas públicas que atiendan el desempleo, combatan las violencias varias, aseguren el acceso a la salud y la educación y garanticen la seguridad alimentaria, y se apoyen principalmente en la ayuda millonaria de Estados Unidos.

En efecto, gestiones de variados espectros ideológicos se limitaron a abordar la problemática de la migración ilegal con políticas punitivas y represivas, que buscaron resultados a corto plazo, pero no abordaron de manera sostenible las raíces estructurales de la situación socio-económica de cada país.

Cada vez que se discute el tema parece haber coincidencia en cuanto al diagnóstico de qué es lo que genera en los países del Triángulo Norte el deseo de migrar: situación socio-económica, violencia de todo tipo y corrupción institucional.

Para Manuel Orozco, director del Centro de Migración y Estabilización Económica de la organización Creative Associates International, en cambio, buena parte del problema radica justamente en ese diagnóstico: “La magnitud de los problemas en la región no se dimensionó de manera tal que se entienda que las soluciones no están en manos de los líderes, aun si éstos tuvieran todas las mejores intenciones”.

“Este es el punto de partida. Estamos lidiando con Estados frágiles, casi fallidos, con sistemas políticos con un estado de derecho ineficiente y bastante subordinado a lo que se llaman ‘poderes fácticos’, con modelos económicos que no generan riqueza, sino que te mantienen con calidad de vida mediocre”, advirtió el analista nicaragüense.

Miembro del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional en la Universidad de Georgetown, en Washington, politólogo e investigador durante 20 años de la cuestión migratoria, Orozco fue tajante al evaluar que “la respuesta proporcional a una situación tan grave no se reduce a una mejora de programas de Gobierno o a un nuevo proyecto contra la corrupción, sino a cambios sistémicos y a programas de estabilización económica que modernicen al sector privado acompañado de arreglos al ecosistema socio-económico”.

Un relevamiento por las gestiones de los últimos cinco años en Guatemala, El Salvador y Honduras permite ver que no se dieron siquiera insinuaciones de programas para construir políticas fiscales que bajen la pobreza y disminuyan la desigualdad, ni para hacer un uso transparente y eficiente de los recursos públicos -Guatemala sí atravesó una pobre y fallida experiencia con una comisión especial de la ONU-, ni para fortalecer la actividad agrícola-ganadera ni para impulsar la transformación industrial.

Tampoco fue posible la puesta en marcha de políticas criminales que garanticen los derechos fundamentales y favorezcan la prevención social de la violencia, aunque en los últimos años se registró alguna baja en los índices de violencia.

“Mucho se dijo que la causa de la migración es producto de la violencia; pero aunque los homicidios han decaído, la migración ha continuado. La masa crítica que sale son personas del sector informal urbano, no agricultores afectados por el cambio climático o personas victimizadas directamente”, advirtió Orozco.

Según el politólogo, se trata “de la presencia de un entorno económico que simplemente no genera el suficiente ingreso para vivir en la época moderna, porque los hogares viven con la mitad de lo que en verdad necesitan”.

Además, llamó la atención sobre “el problema de la continuidad” en algunas iniciativas.

“A veces las soluciones se interrumpen, por muy incompletas que sean; cuando una solución no se termina de implementar, su impacto está afectado. Un ejemplo fue el Plan de la Alianza para la Prosperidad, cortado a solo dos años de su implementación”, explicó.

Ese plan fue pensado e iniciado durante la Presidencia en EEUU de Barack Obama, con acuerdo de los tres países del Triángulo, para decidir prioridades sociales y económicas y, clave, conseguir los recursos para la puesta en marcha. Iba a durar cinco años, pero ya con Donald Trump en la Casa Blanca, la iniciativa inicial viró hacia la seguridad más que hacia el desarrollo y se congelaron los envíos de dinero.

Hace apenas semanas, el canciller de México, Marcelo Ebrard, estimó que con 2.000 millones de dólares al año que aporte Washington podría ponerse en marcha un programa interesante.

Desde Washington, el presidente Joe Biden nombró a su vice, Kamala Harris, para atender en persona la cuestión y designó a Ricardo Zúñiga como enviado especial al terreno. El Gobierno busca inyectar 4.000 millones de dólares en cuatro años para frenar la migración no autorizada.

Esta semana, tras reuniones virtuales, Harris anunció una primera partida de 310 millones de dólares para "ayuda humanitaria y para enfrentar la inseguridad alimentaria" en los países del Triángulo.

Un último punto que deja ver las carencias en estos territorios es la falta del aprovechamiento de los retornados.

La llamada “migración de retorno” podría ser una oportunidad porque a menudo el ciudadano que regresa tiene un capital humano mayor, sabe inglés, goza de otra experiencia laboral y, a veces, hasta logra algún ahorro. Pero tampoco este desafío es atajado por los Gobiernos.

“No es tan fácil como decir `los Gobiernos son corruptos y la situación se resuelve metiéndolos a la cárcel`, o atacando a las redes del narcotráfico. Se trata de identificar soluciones a escala, con proporcionalidad, precisión y un propósito de mejorar el capital humano”, concluyó Orozco. (Télam)