La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calificó hoy como una "violación atroz" del derecho Internacional el plan del Reino Unido de enviar de vuelta a Ruanda a los solicitantes de asilo que escaparon de ese país.

El acuerdo entre Londres y el país africano permitirá a las autoridades británicas enviar a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha si son hombres sin cargas familiares.

Los detalles precisos del plan deben ser aún confirmados, pero, bajo la propuesta, Ruanda se responsabilizaría de las personas que hayan hecho un viaje de más de 6.400 kilómetros y comenzarían allí el proceso para pedir asilo.

La secretaria general adjunta de la agencia, Gillian Triggs, describió esta iniciativa como "inaceptable" y un "desarrollo preocupante" durante la crisis de refugiados de Ucrania, según declaraciones a la cadena BBC.

Explicó que es una "violación atroz" del derecho Internacional que ampara a los solicitantes de asilo y dijo que si bien podría ser efectiva como elemento disuasorio, había "formas mucho más efectivas legalmente de lograr el mismo resultado".

"Acuerdos de tal naturaleza trasladan responsabilidades en materia de asilo, evaden obligaciones internacionales, y contravienen el contenido y la esencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados", añadió.

"Las personas que huyen de guerras, conflictos y persecuciones merecen compasión y empatía. No deben ser tratadas ni transportadas al extranjero, como si fueran mercancía, para el trámite de sus solicitudes de asilo", concluyó Triggs.

Reino Unido defendió la medida bajo el argumento de querer "salvar incontables vidas" de ser objeto del tráfico de personas.

"No podemos sostener un sistema paralelo ilegal", justificó el primer ministro Boris Johnson, remarcando que la "compasión" de Londres puede ser "infinita" pero su "capacidad para ayudar" a las personas "no lo es".

En 2021, 28.526 personas cruzaron el Canal de la Mancha en pequeños botes hasta Reino Unido, según datos oficiales. En 2020 fueron 8.404.

Organizaciones que trabajan con refugiados ya expresaron su preocupación por el acuerdo, destacando el historial del Gobierno de Ruanda y su presidente, Paul Kagame, en cuanto a protección de los Derechos Humanos se refiere.

El propio Gobierno británico cuestionó ante Naciones Unidas las "continuadas restricciones a los derechos civiles y políticos y a la libertad de prensa". (Télam)