Hijo de un militante nazi, pinochetista confeso, antiabortista, ultraliberal, el líder de ultraderecha de Chile y ganador de la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast, representa la esperanza de un sector ideológico golpeado y a la defensiva, pero que crece sostenidamente empujado por un fuerte sentimiento anticomunista y un rechazo al estallido de 2019 y los cambios sociales y políticos que desató.

La llegada a Chile a fines de la Segunda Guerra Mundial de su padre, Michael Kast, quien estuvo afiliado al partido nazi -según reveló el periodista chileno Mauricio Weibel al obtener el registro de una cédula de identidad del Archivo Federal de Alemania-, marcó el inicio de una poderosa dinastía política y empresaria.

La familia Kast tiene entre sus miembros varios ministros de la dictadura y la democracia, y también personas acusadas de participar en interrogatorios y asesorías para la CNI, la policía secreta de la dictadura.

Nacido en Santiago el 18 de enero de 1966, abogado y político del Partido Republicano de Chile y anteriormente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue diputado por la Región Metropolitana en varios períodos (entre 2002 y 2014 y de 2014 a 2018) y por la comuna también metropolitana de Buin en el período 1996-2000.

Aunque actualmente no tiene un cargo, sí mantiene fuertes vínculos con representantes del amplio y heterogéneo arco de la derecha chilena: es tío del senador Felipe Kast, del diputado Pablo Kast y de la concejala Bárbara Kast Sommerhoff.

Hizo la primaria y la secundaria en el Colegio Alemán y, posteriormente, ingresó a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, donde se tituló y juró como abogado ante la Corte Suprema el 19 de agosto de 1991.

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Durante la carrera, participó del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho, donde conoció al asesinado ideólogo de la dictadura, el senador Jaime Guzmán, quien lo motivó a militar en la UDI.

En 2017, se lanzó por primera vez en la carrera presidencial con un magro resultado; pero este año, como representante de la nueva ultraderecha global, transgresora y desinhibida, que marca su agenda sin las limitantes de lo políticamente correcto, tuvo más éxito.

Kast, de 55 años, utiliza profusamente en su campaña la palabra "libertad", aunque plantea una especie de "renovado estado de emergencia", que permitiría interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención.

También está en contra del aborto y del matrimonio igualitario, recientemente promulgado en Chile. Ante las continuas consultas de los periodistas ha dicho que respetará las leyes aprobadas democráticamente.

En cambio, promete que si llega a la Presidencia eliminará el lenguaje de género y cerrará la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), a la que acusa de hacer "activismo político".

Previo a la segunda vuelta proponía cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y retirar a Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero por exigencias de sus nuevos aliados de centroderecha, cambió y moderó muchas propuestas para lograr el apoyo de toda la coalición oficialista.

También moderó su promesa de bajar los impuestos y su negativa a reconocer el cambio climático, al que llegó a calificar antes de la primera vuelta como una "hipótesis basada en simples correlaciones recientes".

Además, sacó de su programa la eliminación del Ministerio de la Mujer y beneficios exclusivos para las mujeres casadas, aunque declaraciones misóginas de uno de los diputados recientemente electos por su partido complican su acercamiento al voto de la mujer.

Sí mantuvo, en cambio, su propuesta de crear una zanja en el Norte para impedir el paso de inmigrantes y retener en centros de detención a aquellos inmigrantes que ingresen al país de forma ilegal, y su promesa de llamar a votar en contra de la nueva Constitución que redacte la constituyente, si no está de acuerdo con su contenido, lo que dejaría firme la actual Carta Magna, aprobada durante la dictadura.

Tampoco modificó su compromiso para otorgar un "indulto inmediato" para los que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, una promesa de su campaña a la Presidencia de 2017 y que reiteró este año. (Télam)