Justicia de Peru rechaza recurso de expresidente Castillo para anular proceso por rebelion

El Poder Judicial de Perú (PJ) rechazó hoy un recurso presentado por la defensa del expresidente destituido Pedro Castillo (2021-2022) para anular la investigación en su contra por el presunto delito de rebelión.
"Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara infundada cuestión previa planteada por Pedro Castillo para anular investigación en su contra por presunto delito de rebelión (alternativamente conspiración) porque supuestamente no se le realizó antejuicio político", tuiteó el PJ.
Durante la audiencia en la que el juez Juan Carlos Checkley Soria fue el encargado de escuchar a las partes, el exmandatario tomó la palabra para dirigirse al magistrado y precisar que no había renunciado a su derecho al antejuicio político y que se había vulnerado su derecho a la defensa, informó el medio local RPP.
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó a Castillo sin realizarle un antejuicio político, horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales, tras varios intentos de los bloques opositores de removerlo de su cargo.
El antejuicio político es un procedimiento a través del cual se le levanta la inmunidad a altos funcionarios por la presunta comisión de delitos de función.
Este procedimiento tiene el propósito de que sea la justicia ordinaria la que establezca la responsabilidad penal de los funcionarios acusados.
El PJ consideró en su decisión que Castillo cometió el presunto delito de rebelión (quiebre del orden constitucional) en flagrancia, por lo que justificó la decisión del Congreso de prescindir del antejuicio.
Actualmente, el expresidente destituido se encuentra en presión preventiva en un penal de Lima mientras se le procesa judicialmente.
El exjefe de Estado demanda que se le restablezca como Presidente de la República y se declare nulo todo acto administrativo que ejecute el Congreso y que pretenda impedir su restitución. (Télam)