Las cortes creadas para buscar justicia y verdad después de un conflicto armado suelen ser el corazón de la resolución pacífica, la base que garantiza su sustentabilidad; y en el caso de Colombia, esta base, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), está tironeada entre un oficialismo y un Estado que critican los acuerdos de paz y tratan de sacar provecho de sus lagunas legales, y las víctimas y organizaciones que piden más celeridad e imparcialidad.

El acuerdo de paz entró en vigencia a finales de 2016, pero la JEP recién consiguió los avales legales necesarios y se constituyó plenamente a mediados de 2018. Su misión es gigantesca -justicia y reparación para las víctimas; verdad para todo la sociedad, y un marco jurídico que garantice una paz estable y duradera-, pero solo tiene 15 años para lograrlo, 20 si consigue una extensión.

Además, supone una experiencia de justicia transicional inédita en Colombia, en donde la última desmovilización masiva acordada fue del principal grupo paramilitar durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe y terminó con los máximos líderes extraditados en medio de la noche a Estados Unidos con cargos de narcotráfico justo cuando comenzaban a hablar sobre sus crímenes en las cortes nacionales.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el conflicto interno, entre 1958 y 2016, murieron más de 262.000 personas, unas 80.000 siguen desaparecidas, 8 millones desplazadas y aún no pudieron regresar a sus hogares y al menos 37.000 fueron secuestradas.

Pese al relato histórico que defiende el Estado colombiano, las FARC no son sindicadas como responsables de la mayoría de los muertos ni de los secuestros.

La JEP informó este mes que relevó más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales a manos de los militares durante el Gobierno de Álvaro Uribe, una cifra que triplica lo que el Estado había reconocido hasta ahora y hasta supera lo denunciado por organizaciones de víctimas.

El anuncio volvió a poner a la JEP en el centro del tironeo político colombiano: Uribe la acusó de "sesgada" y pidió una reforma de las cortes y el jefe de las Fuerzas Armadas advirtió sobre "víboras venenosas y perversas" que atacan a los militares, mientras que la oposición aplaudió a la corte especial y pidió una condena acorde y rápida.

Apenas unos días antes, Pilar Castillo, abogada de la organización Minga y representante ante la JEP de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas había hablado con Télam y destacado el trato hasta ahora preferencial que habían recibido los militares sobre los exguerrilleros de las FARC.

"Uno de los principales incentivos de la JEP son los beneficios como la libertad transitoria y estos se dieron de manera rápida y masiva a miembros de las fuerzas públicas, mientras algunos de los excombatientes de las FARC aun esperan", explicó.

"Además, la primera y única resolución hasta ahora de la jurisdicción de paz se dio en un proceso contra las exFARC, en el que todas las declaraciones de los exguerrilleros fueron públicas y se difundieron por la televisión para que toda la población pueda conocer esas versiones. Por el contrario, en el caso de miembros de las fuerzas públicas se trata de proteger de manera muy hermética sus declaraciones al punto que no se permite que las víctimas estén en la misma sala que los comparecientes", agregó.

La otra preocupación de las organizaciones que impulsan las causas contra los militares es que hasta ahora la JEP no ha dado señales de estar apuntando más allá de responsabilidades individuales dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía.

"Teníamos la esperanza conservadora que el valor agregado de la JEP era tocar a aquellas personas que la jurisdicción ordinaria no quiso tocar, es decir, los máximos responsables. Porque en Colombia, cuando se quiere juzgar a un general de la República se debe hacer con fiscales de alto rango ante la corte", aseguró. "Esperábamos entonces que se llame a declarar a comandantes ya que hay versiones libres que dan cuenta que no eran manzanas podridas, como siempre se ha dicho, sino que eran parte de una política de Estado. Y ahora vemos que si no han sido llamados a declarar, mucho menos van a ser mencionados en una resolución (condena)", añadió.

La JEP no ha mostrado la misma celeridad en investigar los crímenes de las fuerzas públicas y estas tampoco han mostrado la misma autocrítica que las exFARC.

"Las FARC están cumpliendo con su promesa y están revelando muchas de sus acciones, incluso algunas de las que siempre se dudó si eran ellos, y efectivamente lo hicieron y lo dicen para colaborar con la reparación, como el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, un antecesor directo de Uribe desde lo ideológico. En todo este proceso los exguerrilleros pidieron disculpas a sus víctimas y sus familiares, cosa que los agentes del Estado jamás hicieron", destacó en una entrevista con Télam Julio César Hincapié Betancourth, integrante del Movimiento de victimas de crímenes de Estado (Movice).

"El silencio de la ultraderecha tiene un solo nombre: con el Gobierno de (Iván) Duque empezó la política negacionista del conflicto. Por ejemplo, van a establecer un museo de la memoria, que en la puerta va a tener un monumento de militares víctimas del conflicto", agregó.

Pero mientras desde el campo de los derechos humanos se critica la falta de celeridad de la JEP, desde el oficialismo y el Estado los ataques han estado dirigidos a debilitar aún más a las cortes especiales.

El año pasado Duque aseguró que la JEP no debería permitir que paramilitares declaren, lo que fue rechazado tanto por las autoridades de las cortes especiales como por la oposición.

Este mes, el mandatario volvió a la carga y aseguró que "duele" cuando "la invocación de la palabra paz trae consigo la palabra impunidad" en referencia a la primera resolución de la JEP contra la cúpula de la extinta guerrilla FARC.

La tensión escaló a tal punto que el presidente de la JEP, el juez Eduardo Cifuentes, le contestó públicamente: "No es competencia del presidente Iván Duque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC".

En este contexto de ataques, la Fiscalía General de la Nación anunció una decisión que terminó desnudando aún más las debilidades institucionales de la JEP y, según Castillo, operando a favor de la impunidad, que tanto dice combatir el Gobierno.

"La Fiscalía General ordenó que, mientras no se resolviera la competencia de la JEP, los casos de ejecuciones extrajudiciales quedarán suspendidos. ¿Qué significa esto? Que los casos quedaron suspendidos en la Justicia ordinaria mientras, en la mayoría de los mismos casos, la JEP no decidió si va a asumir su competencia. En otras palabras, quedan en un limbo judicial", denunció la abogada. (Télam)