La Justicia de Guatemala pidió hoy a la Fiscalía que investigue a más de una veintena de agentes que participaron en los dispositivos policiales en las protestas del fin de semana pasado contra los presupuesto para 2021 presentados por el Ejecutivo de Alejandro Giammattei, luego anulado.

Un juez dijo que se registraron una serie de irregularidades que van desde el falso testimonio al abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por parte de la Policía Nacional Civil, por lo que es deber de la Fiscalía realizar las pesquisas pertinentes al respecto, informó la agencia de noticias Europa Press.

Aunque miles de personas se manifestaron de forma pacífica el sábado pasado en la capital guatemalteca para rechazar el presupuesto 2021 por el Congreso por no priorizar la lucha contra la pobreza, en un país con más de la mitad de sus 17 millones de habitantes en esa condición, varias decenas fueron detenidas después de que un grupo prendiera fuego la sede del Parlamento.

Si bien estos incidentes se registraron sobre las 14.30, muchos de los arrestos se llevaron a cabo horas después y a varias calles de distancia del Palacio Legislativo, tal y como alertó la Justicia, informó del diario local Prensa Libre.

La Fiscalía de Asuntos Administrativos tendrá que llamar a declarar al menos a 25 agentes que habrían participado en los operativos antidisturbios durante la jornada.

El delito de falso testimonio puede acarrear penas de entre dos y seis años de prisión.

Además, la Policía tendrá que presentar un informe ante el Tribunal Constitucional por no haber respetado presuntamente el amparo otorgado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde se ordenaba proteger el derecho a la manifestación.

Ayer, la Cancillería del país centroamericano informó que una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) arribará al país para "recibir información de las instituciones del Estado y demás instancias del país".

Esto fue un pedido del presidente Giammattei al invocar la Carta Democrática Interamericana, un instrumento del organismo regional con capacidad para sancionar o tomar las medidas adecuadas para garantizar el respeto del orden constitucional de los países.

El Congreso anuló y archivó el miércoles pasado el polémico presupuesto para 2021, el más alto en la historia, ante el rechazo popular que pide la renuncia del gobernante y los diputados.

Tras la anulación del presupuesto, de 12.800 millones de dólares, quedará vigente el de este año, de 10.390 millones de dólares, pero el Ejecutivo deberá modificarlo y enviarlo al Parlamento para su aprobación. (Télam)