Una jueza de Bolivia ordenó en las últimas horas la prisión preventiva para el cuñado y el exedecán del exministro del Gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, detenido esta semana en Estados Unidos ante las acusaciones de lavado de dinero y sobornos.

Daniel Leonardo Aliss Paredes, cuñado del exfuncionario, deberá pasar cinco meses en la cárcel de El Abra de Cochabamba mientras continúa la investigación por presuntos sobreprecios en la compra de materiales antidisturbios.

El acusado fue detenido en la misma ciudad boliviana en un operativo de Inteligencia que lo interceptó cuando pretendía retirar dinero y objetos de valor de una caja de seguridad bancaria a nombre de Murillo.

La Fiscalía afirma que ese dinero proviene de las coimas que recibieron por la compra con sobreprecio de armamento antimotín en 2020 durante el Gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, también en la cárcel, informó el diario El Deber.

Por su parte, exedecán de Murillo y capitán de policía, Daniel Bellot, deberá cumplir cuatro meses de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro por la misma causa, de acuerdo a lo determinado por la jueza Claudia Castro.

El agente quedó implicado al presuntamente hacer al menos dos depósitos de dinero a favor de Aliss Paredes.

La fiscal asignada al caso, Magaly Bustamante, explicó que las resoluciones se tomaron tras acreditarse los riesgos de obstaculización a la justicia y fuga, indicó la Agencia Boliviana de Información.

Por su parte, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, destacó que la acción judicial demuestra que la justicia “está avanzando” en la investigación del caso denominado “Gases lacrimógenos”.

"Entendemos que en los próximos días también se va a definir la situación procesal de otras personas que están siendo investigadas", aseveró el funcionario y recordó también que el Ministerio Público presentó en las últimas horas el pedido de extradición de Murillo.

El exministro fue detenido el miércoles pasado en Estados Unidos junto a quien fuera su jefe de Gabinete, Sergio Méndez, y otros tres ciudadanos estadounidenses.

Según el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, estos tres ciudadanos -Luis Berkman, 58; Bryan Berkman, 36; y Philip Lichtenfeld, 48- "pagaron $602.000 en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, Méndez y otro boliviano funcionario del Gobierno".

Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman con sede en Florida obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato para proporcionar gas lacrimógeno y otros equipos no letales.

De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno de Bolivia, la compra de los materiales en cuestión tuvo un costo de 5,6 millones de dólares, aunque el precio real supondría 3,3 millones.

El Parlamento, controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), censuró a Murillo el 14 de octubre pasado por negarse a acudir a una interpelación sobre el caso de presunto sobreprecio.

Áñez tardó cinco días en cumplir el mandato constitucional de destituir a Murillo a causa de esa censura e inmediatamente después lo volvió a designar en el mismo cargo, alabando su labor de "pacificación" del país tras el golpe de Estado de noviembre de 2019.

Entre la censura y la ratificación de Murillo, se realizaron en Bolivia las elecciones generales que llevaron a la Presidencia a Luis Arce, del MAS. (Télam)