La creciente ola de inseguridad en Paraguay y la confirmación de que la mayoría de las balas usadas en un ataque de sicarios el sábado último salieron de dependencias militares obligaron hoy a movimientos en el Gobierno, que decidió la clausura del penal de Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil, después de un allanamiento judicial que descubrió celdas “vip”.

El Ministerio de Justicia decidió el cierre de la penitenciaría para nuevos internos y una intervención que inicialmente será de 30 días.

La cárcel alberga actualmente a 865 presos y el Ejecutivo pretende reducir al 50 por ciento su población, “a fin de mejorar su manejo hasta trasladarlo definitivamente a otra zona del país”, detalló la estatal agencia IPP.

La decisión se tomó luego del hallazgo de celdas “vip” durante un procedimiento fiscal que investiga el papel de reclusos en hechos criminales en la zona fronteriza y, más puntualmente, en el ataque que el sábado dejó 4 muertos, entre ellos la hija del gobernador del departamento de Amambay.

En conferencia de prensa, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, explicó que la decisión de clausurar el penal de la capital de “evitará nuevos ingresos así como traslados desde otros centros de reclusión” y confirmó que “se procederá al traslado de internos vinculados al crimen organizado, a fin de sacarlos de esa zona”.

“Vamos a informar de todo esto a los organismos de justicia y vamos a trasladar a todas las personas que tengan hechos punibles vinculados al crimen organizado, narcotráfico, por tráfico de armas o que pertenezcan a cualquier grupo vinculado al crimen organizado”, detalló Pérez.

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La funcionaria explicó que la razón por la que no se puede cerrar completamente el penal es que el sistema ya se encuentra saturado, por lo que el plan se deberá impulsar de manera gradual.

“Esperemos que en un periodo no tan largo podamos cerrar el penal y construir otro, en otro lugar que cubra las necesidades judiciales de esa circunscripción”, enfatizó.

Una de las celdas que la prensa llamó “vip” era la del presunto jefe narco Faustino Ramón Ayala –llevado a la Agrupación Especializada-, que estaba “rodeado de lujos y acompañado de una mujer”, según detalló el sitio del diario Última Hora.

La justicia investiga el cuádruple homicidio del sábado, en el que murieron Haydee Carolina Acevedo, hija del gobernador Ronald Acevedo, y otro supuesto capo narco.

Ayer se conoció que varias de las vainas servidas encontradas en el lugar del ataque, donde se dispararon más de 100 tiros, había salido de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), por lo que las Fuerzas Armadas se pusieron hoy a disposición de la Fiscalía, según anunció el vocero de las fuerzas, coronel Víctor Urdapilleta.

“Las Fuerzas Armadas, a través del Comando de las Fuerzas Militares, se ponen a disposición de la Fiscalía, para deslindar responsabilidades y aclarar lo ocurrido. Hay una clara intención de transparentar todo lo que tenga que ver con las investigaciones”, subrayó Urdapilleta.

En principio, se dispuso un sumario interno para tener documentación sobre el tema, además del recambio en la dirección de la Dimabel decidida ayer por el presidente Mario Abdo Benítez.

Mientras, el Senado aprobó hoy convocar al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y al comandante de la Policía Nacional, Luis Arias, para que comparezcan ante la conduicción del cuerpo sobre la ola de inseguridad que afecta al país.

El pedido fue presentado por el senador demoprogresista Pedro Santa Cruz y aprobado por el pleno, por lo que Giuzzio y Arias deberán presentarse el lunes ante la mesa directiva de la Cámara alta. (Télam)