Interpol emite una orden de detencion contra el exministro de Transportes de Peru

La Interpol emitio una orden internacional de busca y captura contra Juan Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones del actual gobierno, acusado de participar en una organizacion criminal para favorecer a una serie de empresas en la

Mundo 13 de junio de 2022 Agencia Télam
La Interpol emitió una orden internacional de busca y captura contra Juan Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones del actual gobierno, acusado de participar en una organización criminal para favorecer a una serie de empresas en la licitación de contratos de obras públicas.
El nuevo ministro de Interior de Perú, Dimitri Senmache, informó que la orden de detención fue tramitada el sábado 11 de junio, apenas tres días después de que la Fiscalía General ordenara su arresto, cuenta hoy el diario 'La República', citado por la agencia Europa Press.
"Hemos estado detrás de esta orden de Interpol para que 194 países puedan tener presente que esta persona está siendo buscada a nivel mundial", explicó Senmache en un entrevista para la cadena Latina.
Senmache señaló que el objetivo de las autoridades es evitar que Silva Villegas abandone Perú, pues confían en que todavía siga en el país.
"Nosotros pensamos que sí y estamos haciendo la búsqueda dentro del país", dijo.
Silva Villegas no es el único antiguo alto cargo del Gobierno peruano que está en paradero desconocido después de ser acusado de corrupción, también es el caso del exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco; así como dos sobrinos del presidente, Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gianmarco Castillo.
Las autoridades peruanas perdieron la pista de Silva Villegas el pasado 4 de junio, después de que dos días antes no acudiera a declarar ante la Fiscalía, que ha ofrecido una recompensa de 50.000 soles (más de 13.000 dólares) a quien pudiera dar información que facilite su arresto.
Según la Fiscalía, dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Silva Villegas formaría parte de una organización de la que participaría el presidente Castillo, con otros funcionarios del Despacho Presidencial y de Provías Nacional y Provías Descentralizado, y empresarios, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
El caso aborda la adjudicación de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles (52 millones de euros) a este consorcio, después de que una oficina del Ministerio de Transportes señalara que no cumplía con los criterios técnicos necesarios.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, había citado para hoy a Castillo para que responda a los cuestionamientos en su contra, pero ayer el jefe de Estado recalcó que no asistirá al encuentro pactado para este lunes por la mañana y sus abogados pidieron postergar esa diligencia para el miércoles de esta semana.
“Estoy dispuesto a colaborar. Voy a concurrir al llamado del fiscal y de otras instancias que tengan que ver con la investigación. Nosotros tenemos una agenda. Hemos oído la sugerencia, el pedido de mis abogados, en el que se me cita; pero es necesario conocer que faltaba documentación para saber qué responder”, declaró ayer Castillo al canal del Estado luego de 110 días de distanciamiento con los medios de comunicación.
(Télam)
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