Indulto en Bolivia beneficiara a embarazadas y victimas del atraso de la Justicia

El decreto de amnistía e indulto aprobado ayer por la Asamblea Legislativa boliviana, que desató una ola de indignación por beneficiar a los "perseguidos" durante el golpe de Estado de 2019, alcanza a mujeres embarazadas, madres o padres de menores de 12 años y víctimas del retraso de la justicia.
La finalidad de la normativa es “resguardar la vida, la salud y la integridad de las personas, por el incremento de contagios de Covid-19 y ante el hacinamiento de los centros penitenciarios del país”.
El beneficio llegará a personas que hayan cumplido 15 años con proceso penal en curso sin haber recibido sentencia y personas cuyo tiempo de detención preventiva sea mayor al de la pena estipulada para el delito del que se las acusa, según el reporte difundido por la agencia de noticias boliviana ABI.
También se beneficiarán quienes permanecieron encarcelados por el tiempo máximo previsto para la etapa preparatoria del juicio o el tiempo máximo de duración legal del proceso.
Asimismo, están abarcados los varones mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 años, y las mujeres en estado de gestación a la fecha de la publicación del decreto, junto a personas con discapacidad grave o muy grave y personas con una enfermedad crónica o en estado terminal.
También podrán acceder al beneficio quienes tengan bajo su cuidado a hijos o hijas menores de 12 años y con discapacidad grave o muy grave.
El indulto por razones humanitarias también beneficiará a personas no reincidentes condenadas a pena de privación de libertad igual o menor a ocho años y a personas condenadas a pena privativa de libertad igual o menor a 10 años que hayan cumplido una cuarta parte de esa sanción.
Pero el debate ayer en la Asamblea Legislativa estuvo centrado en el párrafo que establece el indulto para personas con sentencia por procesos iniciados por la persecución política del periodo de facto, desde el 21 de octubre de 2019 hasta el 17 de octubre de 2020, indica el boletín.
El decreto del presidente Luis Arce fue calificado como un "acto de justicia" por el oficialismo y denunciado como "dictatorial" e "inconstitucional" por la oposición.
Uno de los beneficiados es el ex presidente Evo Morales, quien estaba acusado de genocidio y terrorismo, por supuestamente organizar y alentar los bloqueos de rutas y las movilizaciones contra la administración de Jeanine Áñez.
El decreto presidencial excluye del indulto y amnistía a quienes cometieron delitos de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas, delitos financieros y contra la libertad sexual.
Tampoco alcanza a los delitos previstos en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, ni a quienes cometieron delitos de violencia contra las mujeres previsto en la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres y delitos cuya víctima sea una niña, niño, adolescente, personas incapaces o víctimas múltiples. (Télam)