Implementacion del Acuerdo de Paz en Colombia: de la voluntad politica al sabor agridulce

(Por Florencia Fazio) A cinco años de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, expertos en el conflicto armado sostuvieron que el resultado es "agridulce" y que la gran diferencia que hubo entre los Gobiernos de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque radica en la "voluntad política", elemento clave para el avance de los distintos puntos del tratado.
"El resultado de estos cinco años es bastante agridulce", explicó a Télam Eduardo Márquez, periodista especializado en el conflicto armado de Colombia y fundador de la Federación Colombiana de Periodistas, sobre el tratado que "pretendía resolver las razones que originan la violencia política en Colombia".
El Acuerdo de Paz fue firmado el 24 de noviembre de 2016 por el exjefe guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) Rodrigo Londoño y el expresidente Santos (2010-2018), quien había asumido su segundo mandato con una renovada apuesta por la concreción del tratado, tras cuatro años de negociaciones en Cuba y el plebiscito del 2 de octubre.
"En ese plebiscito, que se perdió con muy pocos votos, se vio todo lo que había sido el trabajo político en función de desacreditar ese acuerdo por sectores que habían apostado a la guerra", explicó a Télam Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores.
Hasta ese entonces, los diálogos no habían sido fructíferos: para el antecesor de Santos, Álvaro Uribe (2002-2010), la guerrilla debía entregar las armas y purgar penas en la cárcel, una lógica discursiva que sigue operando en la actualidad.
"La división subsistió entre quienes son amigos de lo pactado en La Habana y quienes lo sabotean de todas las maneras posibles, porque la extrema derecha cuenta con representación parlamentaria, pero sus raíces pertenecen al narcotráfico y a grupos armados ilegales", detalló Márquez.
El tratado de Paz tuvo dos escenarios distintos: una implementación temprana poco óptima entre 2016 y 2018 durante el Gobierno de Santos y una coyuntura más desfavorable con el Gobierno del actual mandatario, Iván Duque.
"La principal diferencia está en la voluntad política de un Gobierno que estuvo dispuesto a negociar un acuerdo de paz y de uno que llega al poder tras haber promovido el NO al plebiscito", comparó Castro.
En esa voluntad política incidieron varias cosas: una ofensiva militar estatal que había fortalecido al Estado, pero que solo habilitaba una salida pacífica; una ciudadanía comprometida en las demandas de las soluciones políticas y la presión de la comunidad internacional ante la situación humanitaria.
Durante el Gobierno de Santos se logró avanzar con el primero de los seis principales puntos del tratado, el del "Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y las FARC", y también se inició el proceso de reincorporación de sus miembros.
No obstante, para Castro "no hubo un avance sustancial normativo porque la correlación de fuerzas en el Congreso no lo permitió, y tampoco lo hubo en otros aspectos más operativos, como la presencia estatal en territorios históricamente abandonados".
Esa ausencia del Estado en espacios que habían sido ocupados por las FARC, para Márquez no es un dato menor: "A mí me llama la atención por qué si las FARC desmovilizó, el Estado no llega a esas zonas. Es como si se quisiera que la guerra continuara", evaluó.
Otro punto del convenio es el Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto se conforma por una Comisión de la Verdad; una Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que Duque intentó modificar con seis objeciones que fueron rechazadas en 2019 por el Congreso.
"El Gobierno de Duque buscaba que los militares no hablaran, porque la extrema derecha es la mayor beneficiaria de la tierra, la corrupción, el narcotráfico. Es la que dio las órdenes", recalcó Márquez.
La JEP, creada en 2016, debe tener una existencia no mayor a 20 años. Actualmente lleva siete casos globales y tanto Castro como Márquez consideran que los primeros fallos pueden abrir un nuevo escenario político en Colombia.
Un tercer capítulo remite a la solución del problema de las drogas ilícitas, que se cimenta en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en acuerdo con las familias.
De acuerdo con Castro, "no han querido aplicar esta medida porque implicaría no mantener la lógica de la radicalización forzada de los cultivos ilícitos y reconocer el cultivo por razones sociales y económicas de exclusión que llevaron a sectores del campesinado a que sea la única opción para sobrevivir; es construir alternativas en vez de criminalizarlos por ser el eslabón más frágil de la cadena".
El avance fue también lento con el punto de la Reforma Rural Integral, que establece, a grandes rasgos, no solo la distribución de la tierra entre los campesinos sino también de los elementos para que esa tierra sea productiva.
A agosto de 2020, los números de hectáreas ingresados al Fondo de Tierras -encargado de distribuirla entre quienes perdieron todo en la guerra- difería entre la Consejería para la Estabilización y Consolidación, que registraba 924.266, mientras que la Agencia Nacional de Tierras, contabilizaba 557.000, denunció la ONG Vía Campesina.
"Además, en cinco años solo se formalizó la posesión del 29% de 7 millones de hectáreas de tierras que no tienen títulos. La estructura de la extrema derecha se robó entre 6 y 8 millones de hectáreas de tierra y dejó 8,5 millones de víctimas de la violencia. En Colombia no existe información sobre la propiedad de la tierra y cada vez que se intenta hacer un censo, los terratenientes, que no pagan impuestos, como el expresidente Uribe, se oponen", precisó Márquez. (Télam)