El presidente de México, Andrés López Obrador, fue “más lejos que sus antecesores en el proceso de militarización” del país, que requiere “cuantos antes” un proceso de reforma de sus sistema de seguridad y judicial, afirmó hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

La responsable para las América de HRW, la colombiana Juanita Goebertus, advirtió que pese a ese proceso de militarización México “enfrenta la peor tasa de homicidios de los últimos 30 años”.

La dirigente de los derechos humanos subió a su cuenta de la red Twitter un video filmado en el céntrico Zócalo de ciudad de México, en el que lamenta que “esta deriva autoritaria ha pasado en frente de toda la región.”.

“El gobierno de López Obrador ha llevado a su culmen un proceso de más de dos décadas de entrega de la seguridad a las Fuerzas Armadas. Bajo su gobierno se eliminó la Policía Federal y se entregaron todas sus funciones a la Secretaría de Defensa. Debilitó a las policías tanto de nivel estatal como municipal. Y debilitó casi hasta acabar la capacidad de investigación técnica judicial”, advirtió Goebertus en un comunicado.

En su cuestionamiento, reseñó que el mandatario “permitió la ampliación de todo el fuero penal militar, entregó el control de puertos, aduanas e inclusive cedió la construcción de obras públicas para ser ejecutadas por las FFAA”.

Para la especialista, “eso generó a la vez menos transparencia y menos acceso a la información pública por razones que no deberían ser de seguridad nacional”, según el diario local Jornada.

Goebertus llamó la atención sobre el hecho de que México “aumentó el encarcelamiento de personas sin sentencia y sin embargo enfrenta hoy una de sus tasas más altas de violencia y de homicidios en sus últimos 30 años y una impunidad de más del 95%”.

Finalmente, la funcionaria de HRW insistió en que se está en presencia de “una deriva autoritaria que ha sido absolutamente ignorada por autoridades regionales e internacionales” y evaluó que el país norteamericano “necesita cuanto antes una reforma seria del sector seguridad y del sector justicia para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas tanto de los carteles como de los agentes estatales”.

Hace dos semanas también la Alta Comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, había advertido sobre “el prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México", cuando la Guardia Nacional quedó bajó la órbita de Defensa.

Ahora, además, el Gobierno busca extender hasta 2028 la posibilidad de que los militares intervengan en cuestiones de seguridad interna. (Télam)