El Gobierno de Bolivia lamentó el aplazamiento del juicio contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez debido a problemas técnicos que debía continuar hoy y pasó para mañana, y afirmó que el país "requiere la verdad".

El juicio por el caso Golpe de Estado II pasó a cuarto intermedio el lunes último y recién se reanudará mañana para reparar problemas de conexión de dos exmilitares acusados que se encuentran en la cárcel de San Pedro, ya que el trámite judicial se realiza de manera virtual.

La decisión fue tomada luego de que la defensa del exjefe del Estado Mayor Flavio Arce y el excomandante del Ejército Pastor Mendieta hicieran notar que no se contaba con las condiciones necesarias para los imputados en el penal de San Pedro de La Paz, refirió el diario Página Siete.

Junto a Añez, Arce y Mendieta también están acusados los excomandantes de las FFAA, Williams Kaliman y Sergio Orellana, y el excomandante de la Policía Yuri Calderón, quienes fueron declarados en rebeldía y el juicio prosigue para ellos con abogados de oficio.

El gobierno boliviano mostró hoy su lamento por las reiteradas postergaciones que tuvo el debate y desechó cuestionamientos jurídicos que viene haciendo la defensa de la expresidenta de facto.

A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno boliviano, que forma parte de la acusación, explicó que en la audiencia inicial de planteamiento de incidentes y/o excepciones se trataron 14, de los cuales 10 se correspondían a los presentados por la defensa de Áñez.

Estos, según la cartera, "fueron rechazados por haber recurrido a planteos ya utilizados en la etapa preparatoria de investigación", recogió la agencia de noticias Europa Press.

Por ello, el tribunal sancionó a los abogados defensores de Áñez, "por hacer uso de excepciones y/o incidentes manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios".

El Ministerio de Gobierno indicó también que los argumentos "recurrentes" de la defensa de Áñez son "que le corresponde un juicio de responsabilidades" y que "el ministerio no tiene legitimidad para acusar, cuando uno de los implicados era comandante general de la Policía boliviana y los hechos afectaron al orden interno y la seguridad nacional".

Además, alegaron que "existió actividad procesal defectuosa, reiterando los argumentos ya planteados y rechazados" y "que necesitaban más tiempo de investigación para recolectar pruebas, cuando el delito por el que se la acusa es un delito instantáneo que se materializa y concreta con el simple acto o decisión contraria a la Constitución y las leyes", señaló la cartera.

"Lamentamos el receso decretado en la audiencia del juicio hasta el jueves bajo argumentos subjetivos, ya que el país requiere la averiguación de la verdad sin dilaciones indebidas", remató el Ministerio a cargo de Eduardo del Castillo.

El entorno de Áñez denunció el martes en que el juicio contra la expresidenta es "ilegal" y "sigue la tortura sistemática" contra ella, a quien define como "presa política". Sus abogados, por su parte, calificaron de "teatro" el juicio y creen que el objetivo es finalizar en un tiempo récord, sin contar con las garantías necesarias para llevar a cabo el proceso.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la Paz ya pospuso la reanudación del juicio tras el colapso que sufrió la expresidenta en plena audiencia de apertura del proceso, entre otras dificultades.

Durante la audiencia se registraron problemas técnicos, gritos e interrupciones, además de que no se cumplieron con los procedimientos de declaración en rebeldía de diferentes excomandantes y cargos de las Fuerzas Armadas.

La expresidenta de facto boliviana tiene casos abiertos en su contra por el rol que desempeñó en la crisis política de 2019.

Áñez está imputada en el caso Golpe de Estado II y ha sido acusada de un delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por haber asumido la Presidencia "sin cumplir los procedimientos", según la Fiscalía.

También está acusada de terrorismo, conspiración y sedición en el marco del caso Golpe de Estado I. (Télam)