El Gobierno de Bolivia anunció que impulsará acciones penales contra los responsables de las protestas de Santa Cruz, donde el denominado "movimiento cívico" convocó desde el pasado sábado a un paro nacional indefinido para exigir la celebración del censo en 2023, mientras llevan ya 21 días de bloqueos y protestas que dejaron cuatro muertos y 178 heridos, según el último balance oficial.

La ministra de Presidencia, María Nela Prada, criticó los días "de terror" que caracterizan al paro de Santa Cruz, y sostuvo que los líderes de las protestas tienen las "manos manchadas de sangre".

"Estas personas son las responsables y quienes tienen manchadas sus manos con sangre del pueblo", denunció Nela, quien señaló a los organizadores del paro -el gobernador de la capital, Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Rómulo Calvo- en una conferencia de prensa recogida por la agencia ABI.

En este sentido, precisó que se hará la denuncia en instancias nacionales e internacionales.

La ministra señaló, asimismo, que el balance incluye daños económicos que alcanzan por el momento los 720 millones de dólares y advirtió que esta cifra puede aumentar con el paso de los días, hasta que se deje sin efecto el paro indefinido, según informó la agencia de noticias Europa Press.

También se denunció la violación múltiple de una niña y de decenas de heridos en los puntos de bloqueo cívico. Los bloqueadores no dejaron pasar ambulancias en estos días y en muchos lugares se dedicaron a consumir bebidas alcohólicas, además de cobrar para permitir el paso.

"Estas situaciones no pueden normalizarse, no pueden invisibilizarse, no se puede mostrar solamente la cara bonita del paro -de churrasco, de piscinas, de cantos y confraternidad- y no mostrar lo que estamos viendo en noches y días de terror contra quienes quieren desplazarse a comprar sus alimentos, a sus trabajos, quienes se suben a micros para poder trabajar; transportistas, familia gremial y muchas familias cruceñas", dijo.

También indicó que el paro "está lejos de ser una protesta pacífica" pues "ha generado muerte, dolor, violencia, racismo, discriminación, vulneraciones a los Derechos Humanos, pobreza y hambre".

En medio del clima de violencia, la fuerza pública de Santa Cruz informó que investiga, además, al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes están a favor y en contra del paro económico.

Lamentablemente -declaró el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Julio César Cossío, citado por la Agencia Boliviana de Información (ABI)- las condiciones sociales dificultan las investigaciones y el trabajo de inteligencia operativa.

"En este ambiente, a veces hostil, se pone en riesgo a los servidores públicos policiales", remarcó el jefe policial.

La próspera región de Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición, exige un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.

Por tanto, exige ese censo para 2023, mientras el Gobierno ha reiterado que no hay condiciones técnicas para el próximo año, pero sí para 2024, un año antes de las elecciones presidenciales.

El Gobierno y la oposición de Santa Cruz abrieron una mesa técnica de diálogo que fracasó esta semana.

El Poder Ejecutivo, en tanto, señaló que está a punto de aprobar un decreto presidencial para ratificar el día y el mes del acto de conteo de habitantes, mientras que Santa Cruz reiteró que va a endurecer sus medidas de presión.

Hasta la fecha, la ciudad de Santa Cruz, de casi 2 millones de habitantes, está aislada del resto del país. Hay bloqueos de calles, avenidas y carreteras interdepartamentales. (Télam)